Defensa propone enviar a Turquía muestras de ADN de familiares de las víctimas del Yak 42

El Ministerio de Defensa ha propuesto a las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía) remitir "por valija diplomática" muestras de sangre de los padres o hijos de los fallecidos para cotejar su ADN con el que se guarda en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Carlos Ripollés, presidente de la asociación de afectados por la catástrofe del Yak-42, rechazó ayer esta posibilidad y reiteró el propósito de muchas familias de viajar a a Estambul, pues es "la única forma de garantizar la fiabilidad máxima".

En una circular, fechada el 26 de marzo, el Ministerio de Defensa sostiene que "no es preciso que los familiares se desplacen a Estambul, ya que basta con tres gotas de sangre remitidas en papel TFA" para cotejar su ADN con el de las muestras de los 75 cadáveres (incluidos los de la tripulación) que se guardan en el Instituto Anatómico Forense de la ciudad turca. La "solución más adecuada al caso", según la nota, consiste en que los padres biológicos del militar fallecido o, en su defecto, un hijo biológico de éste y la madre del mismo, faciliten muestras de sangre al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense de Madrid, adscrito al Ministerio de Justicia, pero "con total independencia técnica", subraya la nota.

"Cada muestra quedaría desde el primer momento debidamente precintada y custodiada por el propio instituto", explica Defensa. "Una vez recogidas las muestras, éstas se introducirían en otro envase igualmente precintado, informando de ello al Ministerio de Asuntos Exteriores para su consiguiente envío por valija diplomática al Consulado de Estambul".

Los resultados de los análisis, prosigue la nota, "quedarían sellados y serían remitidos, también por valija diplomática, al Ministerio de Asuntos Exteriores para su entrega personal a cada uno de los interesados".

Defensa agrega que el primer paso "indispensable" para poner en marcha el proceso es que las familias firmen un "documento de Consentimiento Informado, para autorizar a realizar con las muestras de sangre todas las pruebas que, con el mayor grado de discreción y confidencialidad, se considere conveniente y necesario".

Sin embargo, Carlos Ripollés, presidente de la asociación que agrupa a 40 de las 62 familias afectadas por el accidente, rechazó ayer la fórmula ofrecida por el Ministerio de Defensa. "Los familiares que tenemos interés y necesidad vital de comprobar la identificación de nuestros parientes no vamos a someternos a las pruebas en España", afirmó. "Acudir a Estambul es la única forma de garantizar la fiabilidad máxima tras el cúmulo de engaños, mentiras y medias verdades que hemos sufrido en los últimos diez meses".

Ripollés, que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, reveló que éste le había prometido que su primera audiencia, cuando tome posesión del Ministerio de Defensa, será con los damnificados por el accidente. Según Ripollés, Bono se comprometió a facilitar a las familias toda la información necesaria para que puedan conocer la verdad de lo ocurrido.

Las dudas sobre el proceso de identificación de los cadáveres se incrementaron tras conocerse, el pasado 2 de marzo, un documento de la Fiscalía turca según el cual, a las 2.20 del pasado 28 de mayo, cuatro horas antes de su repatriación a España, sólo estaban identificados 30 de los 62 cuerpos.

Auto de la juez Palacios

La asociación presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, por los presuntos delitos de falsificación en documento oficial y prevaricación.

Pero la juez Teresa Palacios, en un auto fechado el pasado 25 de marzo, ha rechazado la denuncia y ordenado su archivo provisional, alegando que "de la documentación aportada no se desprende la comisión de ningún delito" y que, en todo caso, éste no sería competencia de la Audiencia Nacional.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que la juez agrega, basándose en el informe de la fiscal, que "no consta ningún documento firmado en el extranjero por los denunciados, único supuesto que podría determinar, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional". EL PAÍS publicó el pasado 3 de marzo dos documentos (el Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e Identificación y el Documento de Transferencia y Custodia de los Cadáveres) firmados en Trabzon (Turquía) por los generales José Antonio Beltrán Doña y Vicente Carlos Navarro Ruiz.

Además, las 40 familias de la asociación presentaron el lunes una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Defensa, por un promedio cercano al millón de euros, al entender que hubo "un nexo de causalidad entre la actuación de la Administración y el fatal accidente".