Familias de los disidentes piden inspectores internacionales en las cárceles de Cuba

Un año después de la detención en Cuba de 75 disidentes y de la sonada condena internacional que provocó su encarcelamiento, el caso vuelve a cobrar actualidad y a poner en la mirilla al Gobierno de Fidel Castro. El jueves, tras conocerse que 13 de los opositores se están enfermos y hospitalizados, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, convocó a la prensa extranjera en La Habana para denunciar la existencia de una "campaña mediática" sobre los "supuestos malos tratos" y negación de asistencia médica adecuada a los prisioneros, extremo que negó con vehemencia.

Roque, que en todo momento calificó a los opositores de "mercenarios al servicio de Estados Unidos", aseguró que las condiciones de su cautiverio se atienen a los "mínimos" establecidos por la ONU. Afirmó que todos tienen acceso a agua potable y a una alimentación digna; añadió que ninguno está incomunicado, ni duerme en el suelo ni ha sido golpeado; y consideró una "fabricación" y una "mentira" las acusaciones de algunos familiares y activistas de derechos humanos de que los presos no reciben atención médica adecuada.

Desmentido de los médicos

Desmentir este punto fue el objetivo principal de la comparecencia de Roque, en la sede de la cancillería, durante la que no se permitió hacer preguntas. El canciller presentó a los médicos que atienden en el hospital militar a Óscar Espinosa Chepe y Marta Beatriz Roque, ambos condenados a 20 años de cárcel. Los doctores aseguraron que Chepe no tiene cirrosis hepática ni cáncer y que Beatriz tampoco padece una cardiopatía isquémica ni neoplasia de mama, como afirman sus familiares. Ambos, dijeron los médicos, sufren afecciones menores y están "compensados".

Después, el ministro hizo proyectar un vídeo con entrevistas realizadas por periodistas cubanos, visiblemente editadas, a familiares de siete de los prisioneros, en las que aseguran que los opositores han recibido buena atención médica. Roque se cuestionó por la razón de que dichos testimonios no hayan sido recogidos por la prensa, y señaló esta omisión y las denuncias de "malos tratos" como parte de una "campaña anticubana" de Estados Unidos.

Poco después de la intervención de Roque, una de las personas que aparece en la filmación, Gisella Delgado, esposa del disidente Héctor Palacios -condenado a 25 años de cárcel-, acusó a las autoridades de manipular su entrevista. "Estuvieron hablando conmigo una hora y media y sólo han puesto unos minutos, los que les convenían a ellos, sin recoger mis denuncias", dijo Delgado. La opositora consideró que la actual "ofensiva propagandística" del régimen perseguía "limpiar su imagen", debido al aislamiento creciente en que se encuentra por la injusta condena de los 75.

Por la noche, en la residencia del embajador de Grecia en La Habana, se puso de manifiesto hasta qué punto el Gobierno de Castro sigue pagando un precio político por el caso de los 75. A la recepción que organizó el embajador, Petros Avierinos, con motivo de la fiesta nacional griega, fueron invitados opositores y familiares de los reos y no asistió ningún funcionario cubano. La medida de invitar a los disidentes a estas celebraciones fue una de las sanciones de la UE en represalia a los encarcelamientos, a lo que Cuba ha respondido congelando las relaciones diplomáticas con aquellos Gobiernos europeos que apliquen la medida. Sólo Austria, Portugal y Bélgica no lo han hecho todavía.

El desencuentro ha llegado a tal extremo que el jueves la mansión de Avierinos sirvió a los opositores de improvisada tribuna para insistir en que los 75 son sometidos a un régimen carcelario "inhumano", denunciar la "manipulación" de las entrevistas presentadas en la cancillería y, sobre todo, exigir al Gobierno que permita la entrada a las prisiones de inspectores internacionales para que se sepa la verdad. "Están a la defensiva. No saben que hacer", dijo Blanca Reyes, esposa del periodista Raúl Rivero, condenado a 20 años. Roque defendió la legalidad de los juicios y la severidad de las condenas a los 75, entre seis y 28 años, afirmando que Washington es el único responsable por enrolarlos en una conspiración para desestabilizar al Gobierno.