Bruselas rechaza el sistema de exenciones de impuestos para 28.800 empresas de Gibraltar

La reforma del vigente sistema de impuesto de sociedades de Gibraltar, del que se benefician unas 28.800 de las 29.000 empresas y sociedades, permitiría a la colonia seguir siendo uno de los paraísos fiscales del continente y significaría el mantenimiento de algunos de los dañinos aspectos del viejo sistema. Esa conclusión es uno de los elementos tenidos en cuenta por la comisaría de Competencia de la UE para recomendar la próxima semana que la reforma propuesta por Londres sea declarada incompatible con el mercado común, criterio que será asumido por la Comisión Europea.

El actual y benevolente régimen fiscal para sociedades que se aplica en la colonia suscitó el recelo Bruselas en 1999 y tres años más tarde Londres respondió con una reforma que no cambia sustancialmente la situación, a juicio del comisario Mario Monti, que vela por el respeto a las reglas del juego en las ayudas de Estados.

Una compleja clasificación de las sociedades entre cualificadas y no cualificadas, exentas y no exentas, a su vez con y sin beneficios, se traduce en realidad en la creación de un paraíso fiscal en Gibraltar, desde donde sociedades que tienen verdadero objeto comercial pueden competir en situación ventajosa con las del resto de la Unión.

Cualquier no gibraltareño puede establecer una compañía de las llamadas cualificadas en la colonia. Basta con que cuente con un capital mínimo de 1.000 libras (unos 1.500 euros) y no haga negocio en Gibraltar, ni con gibraltareños ni con residentes en el Peñón. La vasta mayoría de las acogidas a esta etiqueta (inversión privada, servicios financieros, juego, operaciones de satélite, consultoría, servicios navales, filatelia, 130 bufetes de abogados...) tributan entre un 2% y un 10% de sus beneficios. Sólo una docena se salen del marco, por arriba o por abajo. Las compañías exentas lo están de liquidar impuestos sobre sus beneficios y sólo pagan anualmente una cantidad fija de 225-230 libras.

La Comisión considera que ese régimen tributario es un sistema ilegal que atenta contra el mercado único, entre otras cosas porque el impuesto de sociedades no es el del 35% que rige en el Reino Unido, y pide su abolición. Bruselas no reclama el reembolso de las cantidades ahorradas por los beneficiarios de la actual por considerar que no tenían razón para pensar que el sistema fiscal fuera ilegal. Según la administración colonial, los servicios financieros rondan el 30% del PIB del Peñón y las empresas cualificadas dan trabajo al 10% de los 14.000 trabajadores del territorio.

En la reforma anunciada, el Gobierno gibraltareño incrementa la tasa por establecer en la colonia desde 40 hasta 150 libras para las compañías que no pretenden una actividad comercial (por ejemplo, una dedicada a evadir impuestos) y 300 para las que tienen propósitos de actividad. La inmensa mayoría serán cargadas con hasta el 15%. Las 179 compañías que ofrecen servicios financieros deberán abonar un tope del 15% o medio millón de libras (unos 750.000 euros). El 35% de gravamen que reservado para las 23 firmas que cubren servicios públicos: telecomunicación, electricidad, agua, limpieza y canalizaciones, petróleo... De las 28.800 restantes, la mayoría de la cuales son un mero nombre, sólo deberían pagar impuestos las que generaran beneficios, a razón de 3.000 libras por empleado, que en general es una sola persona (auditor o contable) que por razón el propio trabajo actúa a tiempo parcial.

"El régimen fiscal de Gibraltar es una cuestión extremadamente importante para España, dada la contigüidad geográfica de los dos territorios y el serio perjuicio que causa a las finanzas públicas españolas", alegó el Gobierno español cuando se le requirió su opinión como parte interesada en el caso.