Un complejo entramado de sociedades tenedoras de propiedades y acciones

El anuncio de que el comisario de Competencia, Mario Monti, va a recomendar a la Comisión Europea que declare ilegal las facilidades fiscales que concede Gibraltar a empresas radicadas en su territorio llenó ayer de incertidumbre y dudas a los principales dirigentes del Peñón. El ministro principal, Peter Caruana, rehusó por la mañana comentar la decisión y se remitió a la redacción de una nota, que no llegó a publicar. Su antecesor en el cargo y líder de la oposición laborista, Joe Bossano, aún sin conocer en concreto a qué tipo de medidas se refiere la propuesta de Monti, afirmó que la posible prohibición "no perjudicará al sistema financiero del Peñón, sólo al presupuesto del Gobierno".

Gibraltar establece dos modalidades a las que se pueden acoger los no residentes al constituir una sociedad con evidentes ventajas fiscales, las compañías exentas y las cualificadas. Las autoridades gibraltareñas creen que la prohibición hace refencia a las primeras, que motivaron la apertura de una investigación por parte de la Comisión en 2001. En sustitución del impuesto de sociedades (un 35% para las firmas que superan los 45.000 euros de beneficios, un 20% por debajo), las compañías exentas pagan sólo una tasa anual (entre 350 y 500 euros) al Ejecutivo gibraltareño. Las condiciones son muy elementales: un capital social mínimo de unos 200 euros y mantener un libro de registro en Gibraltar; entre sus accionistas no puede haber gibraltareños ni tampoco pueden desarrollar negocios con firmas o residentes del Peñón.

Bossano recuerda que este privilegio fiscal se formalizó en la década de los sesenta del siglo pasado y afirma que hay unas 8.000 sociedades que pagan al Gobierno por esta vía, frente a 140 del régimen cualificado -que emplean sobre todo filiales de grandes multinacionales para evitar una alta tributación en los países de origen en el rescate de beneficios- y otras 1.400 pequeñas empresas y establecimientos por el régimen normal. Sus números chocan con las cifras recogidas por un informe de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar (Cádiz), que refleja la última estadística publicada por el propio Ejecutivo gibraltareño, que data de 2000, y cifra en 73.000 las sociedades constituidas, para una población de unas 30.000 personas.

La mayor parte de esas sociedades no tienen actividad comercial o industrial; son sociedades de cartera, en las que particulares y empresas foráneas concentran acciones o bienes inmuebles. El informe de la Cámara de Comercio gaditano señala que una buena parte (sin cuantificar) de los beneficios derivados de promociones inmobiliarias desarrolladas en la Costa del Sol se han canalizado por sociedades exentas, sobre todo por compañías rusas. Aunque algunos apuntan a cuestiones más preocupantes. "La decisión de la Comisión Europea permitirá luchar contra el blanqueo de capitales existente entorno a las sociedades opacas creadas en Gibraltar al amparo de su sistema fiscal", aseguró Francisco Mena, presidente de las coordinadoras antidroga gaditanas.