El PSOE exige al PP que paralice las obras del trasvase

El PSOE se dirigió ayer al Gobierno del Partido Popular para exigirle que paralice de inmediato todas las obras relacionadas con el trasvase del Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional. En el caso de que el Ministerio de Medio Ambiente prosiguiera con los trabajos, una de las primeras medidas del próximo gobierno sería paralizarlos. Así lo afirmaron ayer dos dirigentes del partido: José Montilla, en Barcelona, y Enrique Barón, en Bruselas. Al mismo tiempo, el comisario europeo de Política Regional, Michel Barnier, aseguraba que estaba dispuesto a examinar nuevas solicitudes españolas de financiación del trasvase del Ebro, como resultado del cambio de Gobierno en España tras la victoria del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Si hay una petición de cambio, la examinaremos", afirmó. La única voz discrepante fue la del cabeza de lista por Murcia, Pedro Saura, que aseguró que en la primera conversación que sostenga con José Luis Rodríguez Zapatero le pedirá que mantenga las obras del trasvase del Ebro que ha dejado iniciadas el Gobierno del PP, según informa La Verdad.

El portavoz del grupo del Partido Socialista Europeo (PSE) en la Eurocámara, Enrique Barón, se mostró convencido de que la principal obra del Plan Hidrológico Nacional (PHN), el trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y el Segura, "no saldrá adelante". El responsable socialista recordó que el PSE se opuso desde el principio al trasvase, una postura luego avalada por tres informes negativos de sendas direcciones generales de la Comisión Europea que se publicaron en los últimos días.

Barón puntualizó que el PHN no es un proyecto único, sino que está formado por varias iniciativas para diferentes regiones europeas. "La gran cuestión es la del trasvase de Aragón a Murcia, en la que nosotros estamos en contra".

José Montilla, primer secretario de los socialistas catalanes, explicó que su partido paralizará las obras del Plan Hidrológico Nacional en todo lo referente al trasvase del Ebro, en consonancia con lo que ha propuesto durante toda la campaña electoral. Montilla aseguró que el trasvase no se hará ni hacia el sur ni tampoco hacia el norte, en referencia al proyecto para abastecer con agua del Ebro el área metropolitana de Barcelona.

José Montilla ironizó con las diversas inauguraciones y visitas de obras hechas por los ministros del Gobierno en funciones durante la campaña electoral, varias de ellas en la zona afectada por el trasvase. Fuentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) explicaron que no confiaban demasiado en que desde el Ejecutivo en funciones se paralizaran las obras pero que esperaban que, como mínimo, no adjudicaran nuevos proyectos.

Las afirmaciones de Montilla y Barón se producen apenas 24 horas después de que los gobiernos autonómicos de Aragón y Cataluña hubieran reclamado por escrito a la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, que pusiera fin a las obras relacionadas con el trasvase y muy especialmente a las expropiaciones anunciadas.

El Gobierno catalán acordó ayer presentar una denuncia ante la Comisión Europea por decisiones tomadas en relación con el PHN. El consejero Salvador Milà explicó que el Gobierno central ha incumplido diversas directivas comunitarias en política de aguas, conservación de hábitats naturales y flora y fauna silvestre, así como en la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha omitido diversos estudios de impacto ambiental que, a juicio del Gobierno catalán, son preceptivos.

Frente a la política de trasvases, los socialistas defienden dos medidas: ahorro y desaladoras ya que entienden que, además de los problemas medioambientales que supondría un trasvase que recorriera todo el litoral mediterráneo, desde Tarragona hasta Almería, el coste sería desmesurado.

La idea de que los costes han sido infravalorados es uno de los ejes del informe financiero hecho por Bruselas y dado a conocer la pasada semana. Paralelamente, defienden que las competencias sobre cuencas internas sean siempre de los gobiernos autonómicos.