Sólo el 3,5% de los trabajadores que concilian trabajo y familia son hombres

Sólo 34.116 trabajadores disfrutan de las principales medidas para conciliar la vida familiar y laboral previstas en la ley aprobada en 1999. De ellos, el 96,5%, son mujeres y el 3,5% hombres, según los datos del año 2003 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para el Consejo Económico y Social (CES), la política de conciliación, "centrada en los permisos y excedencias", choca con la falta de servicios de apoyo para el cuidado de niños y mayores y no ha producido "efectos reseñables" entre los hombres.

La reducción de jornada para el cuidado de hijos menores de seis años, que lleva pareja la disminución proporcional del sueldo, es la posibilidad más solicitada: 19.609 personas disfrutaban de ese régimen el año pasado (18.940 mujeres y 669 hombres). A continuación se sitúa la excedencia por el cuidado de hijos (14.381, de las que 502 corresponden a varones). La excedencia para el cuidado de familiares, una de las novedades que introdujo la ley, sólo la solicitaron 126 personas (de ellas, 111 eran mujeres). Las excedencias suponen dejar de percibir el sueldo. No obstante, aumentan cada año los trabajadores que se acogen a esas posibilidades.

La demanda de medidas conciliadoras previstas en la ley contrasta con la cifra de trabajadoras que son madres cada año: en torno a las 200.000 (aproximadamente la mitad de las mujeres que dan a luz tienen empleo). En 2003, cuando se estableció la desgravación de 100 euros mensuales para las madres empleadas, 609.506 mujeres disfrutaban de esta paga de 100 euros mensuales (hasta que el niño cumple tres años), según Trabajo.

El CES, en el Segundo informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral

española, aprobado el pasado diciembre, señala que la creciente incorporación laboral femenina ha provocado una mayor demanda de medidas de conciliación, entre otras cosas porque la carga doméstica y de cuidados familiares continúa recayendo sobre las mujeres de forma predominante, lo que les obliga a asumir una "doble carga". El informe hace este diagnóstico: "La respuesta de los poderes públicos a esta creciente demanda de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral se caracteriza por una cierta dispersión de iniciativas entre las administraciones implicadas, así como porque las reformas legales se han dirigido fundamentalmente al ámbito de la legislación laboral, centradas prácticamente solo en permisos y excedencias, sin que hasta la fecha se haya dado solución a las importantes carencias existentes en política de infraestructuras y servicios de apoyo a los cuidados a las personas dependientes".

Según el CES, el enfoque dado a las políticas de conciliación "ha demostrado sus limitaciones en la práctica". Entre sus conclusiones señala que "es cada vez más visible la necesidad de reforzar la red actual de servicios e infraestructuras de apoyo para el cuidado de niños y personas dependientes".