La sanidad pública adeuda 263 millones en intereses en 10 años por demoras en pagos
La Comunidad Valenciana tarda 608 días en liquidar, más del doble de la media nacional
El retraso en los pagos de las administraciones responsables de la sanidad pública a sus proveedores pasa una cara factura al contribuyente. En los últimos 10 años, el Ministerio de Sanidad y las comunidades con competencias sanitarias han sido condenadas a pagar 260 millones de euros en intereses. De ellos, 219 se deben al retraso en el pago de sus facturas, y 44,4, a rentas sobre otros intereses acumulados tras nuevas tardanzas en los abonos dictados por sentencias. Estas cantidades han sido adeudadas a 500 proveedores de material y tecnología agrupados en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. La Comunidad Valenciana tarda 608 días en liquidar sus deudas, más del doble de la media nacional.
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) tiene pleitos interpuestos para reclamar otros 94,5 millones de euros en intereses atrasados. En total, las empresas de la Fenin han interpuesto en la última década 2.085 pleitos para reclamar intereses por el retraso en los pagos, según un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellos, 1.556 han sido fallados por los jueces a favor de Fenin, y la práctica totalidad del resto aún está pendiente de sentencia.
"La Ley de 1995 sobre Contratos de las Administraciones Públicas establece que éstas deben pagar en 60 días. En la práctica, ninguna comunidad, con la única excepción de Navarra, lo hace", explica Orlando Cabanas, responsable de cobros de la Fenin. "Nosotros siempre dialogamos con la sanidad pública para cobrar a 120 días, incluso a más tiempo si nos lo piden por causas justificadas. Solamente cuando se nos paga a más de 120 días, acudimos a los tribunales para reclamar los intereses. Esto cuando se nos paga, porque hemos tenido que interponer otros 163 pleitos por facturas que no han sido pagadas", añade Cabanas.
Esta federación de empresas no tiene ninguna duda de qué comunidad autónoma es la mejor pagadora. "Navarra", afirma Cabanas. El País Vasco le sigue en seriedad a la hora de hacer frente a sus pagos. "Con Madrid y Castilla-La Mancha, desde que han asumido las competencias sanitarias, las cosas funcionan razonablemente bien", añade.
Tampoco hay ninguna duda de quién es el peor pagador: la Comunidad Valenciana, que paga a sus proveedores a 608 días, más del doble de los 300 en los que Fenin sitúa la media nacional. La situación en esta comunidad se ha deteriorado de forma imparable en los dos últimos años, según Fenin.
"Antes no teníamos problemas con esta comunidad. Por esto hay muy pocas sentencias contra el Gobierno valenciano, porque los retrasos se han disparado en los dos últimos años y ahora están empezando a llegar estos casos ante los tribunales", explica Cabanas. Además, la asociación advierte de que la morosidad del Gobierno valenciano mantiene "una tendencia ascendente, alcanzándose el pasado 31 de diciembre niveles nunca conocidos".
La segunda comunidad peor pagadora es Andalucía, con retrasos medios de 370 días a finales del año pasado. Pese a ello, la Fenin advierte "una ligera mejoría a partir de septiembre de 2003, con un esfuerzo en los pagos de la deuda acumulada". Andalucía era la peor pagadora de las empresas de la Fenin hasta que la valenciana le ha quitado este dudoso honor. Ésta es la razón por la que Andalucía acumula la mayoría de la sentencias favorables a las empresas.
La Fenin también destaca entre las comunidades peor pagadoras a la Canaria, con un retraso de 305 días de media. Baleares, con "un lento pero constante empeoramiento de la situación", y Galicia tampoco salen muy bien paradas en el informe de la Fenin. En Galicia, la asociación estima que la media se ve muy perjudicada por los retrasos que acumulan sólo tres hospitales.
La Fenin ha logrado cobrar 194,3 de los 219 millones de intereses reconocidos por los tribunales. No siempre, sin embargo, resulta fácil cobrar ni cuando los jueces ya han fallado.
Los 'anatocismos'
Los intereses acumulados por el retraso en el pago de los rentas, a los que la asociación denomina anatocismos, han encarecido la factura sanitaria en otros 44,4 millones de euros, cifra que crecerá previsiblemente cuando las distintas administraciones paguen los 25 millones de intereses que aún adeudan a las empresas.
La Administración que más dinero ha tenido que pagar en los últimos 10 años en intereses a sus proveedores, según las sentencias dictadas por los jueces, es el Servicio Andaluz de Salud, con un total de 132 millones de euros. Le siguen el Ministerio de Sanidad, como responsable del extinto Insalud, con 61,4; el Institut Català de la Salut, con 13, y el Servicio Galego de Salud, con 6,8 millones.
Orlando Cabanas explica que la Fenin jamás ha pretendido enfrentarse con las administraciones públicas, "que son nuestro gran cliente". "Lo que sí queremos es alertar sobre los inconvenientes que tiene para todo el sistema el sistemático retraso en los pagos que siguen la mayoría de las administraciones. Repercute negativamente en el sistema sanitario por la carga financiera que le supone y pone en peligro a muchas empresas a las que resulta insostenible aguantar deudas que se prolongan durante años", concluye.
Las empresas reclaman 1.500 millones de euros
Las cerca de 500 empresas que están agrupadas en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) reclaman a las distintas administraciones públicas que gestionan la sanidad pública (hoy, las comunidades autónomas; antes, el Ministerio de Sanidad) un total de 1.500 millones de euros, entre facturas pendientes de cobro e intereses acumulados el pasado 31 de diciembre. Un 60% de esta deuda se lo reparten, a partes iguales, la Comunidad Valenciana y el Servicio Andaluz de Salud, aunque la Fenin advierte una diferencia sustancial entre una y otra: mientras Andalucía cada vez paga mejor, Valencia lo hace cada vez peor.
La tercera Administración con mayor nivel de endeudamiento, pese a su reducido tamaño en población, es la comunidad canaria, que arrastra pagos pendientes por un total de 86 millones de euros.
La Fenin denuncia que España aún no ha introducido en su legislación la Directiva 2000/35/CE, cobre morosidad en las operaciones comerciales, adoptadas por el Parlamento y el Consejo europeos. Pese a ello, firma la Fenin, dicha directiva está plenamente en vigor desde el 8 de agosto de 2002.
La norma establece que, en caso de retraso en el pago, el deudor estará obligado a pagar unos intereses de demora "cuyo importe será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más un mínimo de siete puntos porcentuales, además del derecho a reclamar una compensación razonable por los costes de cobro".
El objetivo de la directiva es evitar retrasos excesivos en los pagos e impedir la imposición de plazos de pago abusivos para las empresas proveedoras.
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