Inmigración y campaña

El aumento de la inmigración ha sido uno de los fenómenos de mayor calado de los ocho años de Gobierno del PP. El número de extranjeros residentes en España se ha multiplicado por cinco, desde el medio millón de 1996 a los 2,5 millones actuales. Esto ha provocado perplejidad, cierto temor y brotes esporádicos de xenofobia en un país que ha sido tradicional productor de emigrantes. La respuesta de los Gobiernos de Aznar ha oscilado entre la dureza verbal, la legislación kafkiana y una cierta dejadez de hecho. El PP ha fracasado en esta materia, como señala un informe reciente de la ONU, al constatar que en España hay entre 600.000 y 800.000 extranjeros sin papeles, que ni son expulsados ni son legalizados.

Los inmigrantes están aquí para quedarse y van a venir más. Estudios solventes afirman que cabe esperar la llegada de varios millones más en la próxima década y aseguran también que España los necesita para mantener su crecimiento económico, compensar la débil demografía nacional y garantizar el futuro del sistema de pensiones. Los líderes políticos responsables deberían explicárselo pedagógicamente a los electores. La apertura controlada a la mano de obra extranjera y su integración en una sociedad democrática es una necesidad vital.

Poco está hablando Rajoy de este asunto, quizá porque sabe que asusta a sus electores de derechas. Sin embargo, el capítulo 25 del programa del PP se refiere al fenómeno bajo el prometedor título de "Inmigración ordenada en una sociedad abierta". Propone el PP un "esfuerzo" para "anticiparnos al reto que va a suponer la adaptación de nuestras estructuras sociales a esta cuestión". Es lamentable que ese "esfuerzo" no se haya realizado en los últimos ocho años, máxime cuando Zapatero ha propuesto una y otra vez un pacto entre partidos, empresarios y sindicatos para establecer una política de Estado sobre el tema.

Las ofertas del PSOE son más concretas. Entre ellas, la creación de una Agencia Española de Migraciones, que reúna competencias dispersas, el establecimiento de oficinas de contratación en los países de origen o la elaboración de un estatuto para la integración de los inmigrantes. A diferencia de Rajoy, Zapatero ha abordado este asunto poco rentable electoralmente y ha hecho propuestas dignas de estudio, como conceder papeles a los inmigrantes irregulares que denuncien situaciones de explotación laboral. O limitar al 35% el número de alumnos inmigrantes por aula y transportar gratuitamente a los restantes a colegios de barrios con menor concentración de extranjeros. El PP se ha reído, pero es algo que hace varias décadas puso en práctica EE UU, un país del que tantas otras cosas admiran los conservadores españoles.