El regreso de un ex delegado muy viajero

El nombre de Manuel Rodríguez de Castro ha saltado de nuevo al primer plano de la actualidad tal y como se esfumó. En febrero de 2000, desapareció de las portadas cuando se vio obligado a presentar su dimisión por supuestas irregularidades en su gestión al frente de la Zona Franca de Cádiz, entre los años 1997 y 2001. Se marchó sin dar explicaciones y denunciando ser "víctima" de una "campaña de acoso". Tres años después, un informe del Tribunal de Cuentas le ha sacado del ostracismo público y ha ratificado las denuncias que entonces cuestionaron su labor.

Este organismo de control advierte de que el ex delegado no justificó gastos en viajes, restaurantes y contratación de empresas privadas por valor de 606.000 euros. La confirmación de estas irregularidades ha salpicado de lleno la campaña electoral de Teófila Martínez a la presidencia de la Junta de Andalucía, toda vez que la dirigente popular fue su principal mentora y lo defendió cuando trascendieron sus elevados gastos en protocolo, viajes y restaurantes. Esta estrecha relación entre ambos ha llevado al candidato socialista, Manuel Chaves, a exigir a Martínez que dimita como presidenta del Consorcio de la Zona Franca.

Economista de 40 años y militante del PP, Rodríguez de Castro se caracterizó en los cuatro años que pasó en Cádiz por su apego al protocolo, al boato y al lujo en una ciudad con la renta per capita más baja del país y la tasa de paro más alta. Su culto por la imagen personal y por los trajes a medida, así como el desmesurado gasto de lo selecto no pasó desapercibido entre los trabajadores de la Zona Franca que dirigía. A ellos les impuso que le llamaran de usted, señor o Don Manuel.

La nomenclatura del cargo de delegado especial le venía que ni pintado. Todo lo que ha rodeado al Rodríguez de Castro ha sido muy especial desde que aterrizó en Cádiz en julio de 1996 de la mano de Teófila Martínez. La alcaldesa impuso su nombramiento por encima de la opinión del PP de Cádiz, que no entendió la llegada de un delegado sin experiencia ni vinculación con la Bahía gaditana. Antes, trabajó en la constructora francesa Bouygues; después, como asesor político de Martínez cuando ésta era diputada, y, posteriormente, del grupo municipal del PP en Cádiz.

Sin embargo, desde un principio, exhibió unos hábitos de dirección que contrastaban con la gestión municipal austera que practicaba Martínez. Gastó 1,33 millones de euros en viajes, hoteles de lujo, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo, un millón más de lo presupuestado. Era cliente habitual del hotel Ritz y de los restaurantes Zalacaín y Jockey cada vez que viajaba a Madrid.

Su estilo quedó marcado también por su particular relación con el protocolo. Solicitó coches oficiales y medidas especiales de seguridad y atención en los aeropuertos de Jerez y Nueva York aludiendo su rol de alto cargo del Estado. Se hizo con una vivienda de alquiler a cargo de la Zona Franca, reseñada en la contabilidad como "residencia oficial del delegado", de la que no disfrutaban sus homólogos de Barcelona o Vigo. Incluso cargó el sueldo de su empleada del hogar.

Sus maneras no eran tampoco las más correctas. Exigió a un periodista que le mostrara los documentos internos a los que había tenido acceso sobre sus elevados gastos. Anunció querellas por doquier cuando trascendieron las primeras denuncias. Ahora que el Tribunal de Cuentas confirma esta y otras anomalías, Teófila Martínez se ha visto obligada a cambiar su discurso de apoyo. Le ha retirado su confianza, aunque sólo le exigen la devolución de una quinta parte de lo injustificado. Sin embargo, el ex delegado sigue defendiendo su inocencia, habla de "manipulación inadmisible" de determinados medios de comunicación "al servicio del PSOE" e, incluso, "exige" que se investigue la actuación del magistrado del Tribunal de Cuentas que instruyó el expediente "por si fuera constitutivo de un delito de prevaricación".

En la actualidad, reside a caballo entre México y Miami. Es presidente de Agencia-Hispana, con oficina en Florida. Además es consejero de las firmas Elektra y Iusacell, dos grupos mexicanos propiedad del empresario Ricardo Salinas, que ha sido investigado reiteradamente por la justicia mexicana por presuntos delitos de corrupción.