Enfrentamiento moral

El candidato de IU a la presidencia de la Junta, Diego Valderas, basó en la política social buena parte de los reproches que dirigió al candidato socialista, Manuel Chaves, durante el debate electoral que tuvo lugar en la tarde del jueves en Canal Sur TV. A las críticas de Valderas, que lamentó que la mayor parte de las nuevas plazas de residencias de mayores o de guardería se concertaran con el sector privado, Chaves repuso que el 60% del presupuesto autonómico se destina a las áreas de educación, salud y asuntos sociales. A esa respuesta e importante volumen de recursos, el presidente de la Junta puede añadir además un puñado de medidas que le han permitido, con una importante repercusión mediática, marcar distancias con el PP en el terreno social, e incluso, moral.

La Administración central ha diseñado una ley para frenar las pagas a pensionistas

El 'medicamentazo' fue la primera piedra de toque del Ejecutivo andaluz

El Partido Popular ha tildado de modo reiterado como "demagogia" las medidas aprobadas por Chaves para sufragar las medicinas que excluyó el Gobierno central de la financiación pública en 1999 o completar las pensiones más bajas. Pero, con estas iniciativas, poco costosas en la mayor parte de los casos, la Junta ha obligado a la Administración central a tomar posición en cuestiones en las que había evitado pronunciarse. En unos casos para bloquear las decisiones andaluzas y, en otros, para incorporarlas.

- Las medicinas excluidas. El medicamentazo fue la primera piedra de toque para la estrategia andaluza de asumir iniciativas sociales en conflicto con las decisiones del Gobierno central. La Junta decidió asumir el coste de 864 fármacos que el Ministerio de Sanidad sacó de la financiación pública como una medida para atajar el desbocado incremento de la factura farmacéutica. El Ejecutivo andaluz repuso que los medicamentos, de bajo uso, eran utilizados preferentemente por ancianos y enfermos crónicos, y argumentó que la decisión del Ministerio no tendría una incidencia apreciable en la reducción de la factura farmacéutica. Sólo Navarra adoptó una iniciativa similar, que el Gobierno amagó con recurrir y que, el primer año, costó a la Junta unos 18 millones de euros.

- El pulso de las pensiones. Entre las iniciativas sociales que han puesto a Andalucía en el mapa político y mediático nacional, destaca sobre todas las decisiones de complementar las pensiones peor dotadas. El conflicto se inició en 1998 cuando la Junta decidió incrementar las pensiones no contributivas de 1999 (las que reciben los que no han llegado a cotizar cinco años) con una paga de 56,3 euros a unos 100.000 andaluces. Un movimiento que motivó una reacción en cadena en otras comunidades y el recurso inmediato del Gobierno al Constitucional. El respaldo del Tribunal a la competencia de la Junta para aprobar este tipo de complementos, llevó al Ejecutivo andaluz a destinar 8,1 millones para completar de nuevo las pensiones no contributivas de 2003. Para 2004, Chaves intensificó el envite: aprobó destinar 42 millones para completar pensiones no contributivas, asistenciales (una acción nunca recurrida por el Gobierno central) y las mínimas de viudedad. Y lo hizo apenas unos días antes de que el Gobierno aprobara una ley diseñada a propósito para impedir que las comunidades autónomas mejoren por su cuenta las pensiones. La Administración central ya ha enviado un requerimiento a la Junta, el paso previo para un nuevo recurso al Constitucional, pero el dinero ya se ha destinado a los pensionistas.

- Investigación a la fuerza. El Ejecutivo andaluz dio un golpe de mano a finales de 2002 al poner a disposición del científico valenciano Bernat Soria los embriones humanos congelados en las clínicas andaluzas de reproducción asistida. La Junta desbloqueó así el veto del Gobierno a Soria para que experimentara con células madre embrionarias para crear tejidos dentro de su proyecto de investigación contra la diabetes, un proyecto puntero en el mundo científico. El veto había obligado al científico a trasladar sus trabajos a Asia. Año y medio después, el proyecto andaluz no ha arrancado pero, tras un intenso debate moral sobre la investigación con células embrionarias, el Ministerio de Sanidad se vio obligado a crear hace menos de dos meses un centro estatal que aprobará y supervisará las iniciativas autonómicas.

- El tabaco, a juicio. La Junta se convirtió en marzo de 2002 en la primera administración europea en demandar a la industria tabaquera por el gasto sanitario que ha tenido que afrontar para atender a 300 pacientes afectados por tabaquismo. El Ejecutivo andaluz reclama una indemnización de 1,7 millones de euros y, sobre todo, abrir la vía a otras reclamaciones de administraciones y afectados. La Consejería de Salud ofreció al Gobierno que se sumase a la demanda contra las seis principales tabacaleras, oferta que el Ejecutivo central desdeñó. El juicio, con una amplia repercusión en medios nacionales e internacionales, ha dado un brusco giro ante la exigencia del instructor de que la Administración andaluza amplíe la demanda al Estado por su antiguo control de Altadis, la empresa que surgió de la privatización de Tabacalera.

- Cambio de sexo gratuito. Andalucía se convirtió en 2000 en la primera comunidad en costear las operaciones de cambio de sexo, una demanda histórica del colectivo de transexuales, siempre recibida con buenas palabras por los partidos políticos, incluido el PP, pero nunca lleva a la práctica. Desde entonces, el hospital malagueño Carlos Haya, ha realizado unas 400 operaciones, con un coste medio de 1.500 euros, en algunos caso derivadas de Extremadura, que también ha decidido asignar dinero público para estas operaciones. En el resto del sistema sanitario, la Seguridad Social sólo asume las distrofias físicas, mientras el Servicio Andaluz de Salud considera el transexualismo una patología.