Un plan de competitividad contra la crisis industrial

La industria valenciana se enfrenta a una grave crisis. La reciente publicación de un informe del Instituto de Economía Internacional para la Cámara de Comercio de Valencia ha puesto de relieve la importancia del desafío al que se enfrenta para evitar su desaparición. Por mencionar algunos de sus rasgos más destacados: la competencia creciente por parte de países con costes salariales más bajos (de Asia y el este de Europa), la apreciación del euro, la dificultad de frenar la copia ilegal y su posición subordinada frente a las grandes cadenas de distribución.

Excepto para el gobierno del PP, y los grandes empresarios vinculados a la construcción, que, una vez más han puesto en práctica su política de negar la realidad para justificar su pasividad, la difusión del estudio ha hecho saltar las alarmas. No es para menos porque la perspectiva es que el motor histórico de la mejora de nuestro bienestar entre en un proceso de declive irreversible.

"Varios millones de jóvenes han quedado excluidos económica y socialmente por el predominio de los contratos basura"

La política económica del PP, y de forma concreta su vertiente industrial, ha ignorado los factores fundamentales para que la industria valenciana, como la española, pudiera enfrentarse con éxito a los retos de la revolución tecnológica y sus consecuencias en un mercado mundial cada vez más interdependiente. Ha ignorado lo que suponía la irrupción de China en el mercado europeo, como ha ignorado también el peligro que para el bienestar de miles y miles de trabajadores supondrá el ingreso en la Unión Europea de países del este con una cualificación laboral muy similar, e incluso superior en algunos casos, a la nuestra y costes laborales mucho menores. Como ha desdeñado el fomento de un aumento de la productividad más elevado, motor de crecimiento a largo plazo, y por lo tanto del bienestar, y las necesidades de la inmensa mayoría de las empresas para poder consolidar una estrategia competitiva basada en la diferenciación, la creación de redes propias de distribución o la cooperación en la negociación con los grandes compradores o proveedores. Por contra la fase expansiva ha estado basada en un endeudamiento creciente de las familias cuyo consumo, al margen del ingente esfuerzo para acceder a una vivienda, se ha orientado preferentemente a impulsar la demanda en otros países, provocando un déficit comercial cada vez mayor.

Para evitar que las dificultades actuales conduzcan a la desaparición de gran parte del tejido productivo, es necesaria otra política económica. Es imprescindible, modificar las prioridades de la acción pública, orientada durante la etapa del gobierno de la derecha a favorecer a las grandes empresas. Es ineludible poner en práctica ya un conjunto de reformas que aseguren a todos los españoles, y por tanto a todos los valencianos, un futuro mejor que su pasado. Una certeza que queda garantizada en modo alguno manteniendo la política del PP. Hoy en España, es necesario trabajar muchas más horas para acceder a un nivel de bienestar similar al que disfrutábamos hace cuatro años, y varios millones de jóvenes han quedado excluidos social y económicamente por el predominio de los contratos basura.

Para hacer frente a la crisis es imprescindible innovar, crear nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas formas de organizar tanto la producción como la distribución. La innovación crea empleo, permite una mejora en la productividad, mayor competitividad de las empresas y que la economía sea más productiva. La innovación nos permite trabajar de formas más eficientes, fabricar bienes de mayor calidad y ser capaces de venderlos a través de canales más eficientes. Para los socialistas, las empresas deben liderar este desarrollo de la innovación, apoyándose en tres vectores: la existencia de un entorno favorable, su colaboración con el sector público potenciado desde el Sistema Nacional de Innovación y la disponibilidad de recursos invertibles en proyectos innovadores.

Hoy España se encuentra a la cola de todos los indicadores de Ciencia y Tecnología, en lo que se refiere al sector empresarial. Sólo el 29% de las empresas son innovadoras, frente a la media europea del 59%. La producción de patentes española es sólo superior a la de Grecia y Portugal. Y, la inversión en I+D con relación al PIB es muy inferior a la media comunitaria. Es urgente, por tanto, eliminar este déficit tecnológico porque tenemos que revertir la negativa evolución de la productividad que ha disminuido respecto a la media europea en los últimos ocho años.

Para los socialistas, las pequeñas y medianas empresas, principales creadoras de puestos de trabajo, son la columna vertebral de la economía. Por ello, esta apuesta por la innovación tiene en ella a los principales beneficiarios. Estamos comprometidos a defender su competitividad mejorando la deficiente dotación de capital humano. Queremos mejorar la capacidad de competir y la calidad de los puestos de trabajo, porque queremos consolidar una estructura productiva asentada en la generación de valor añadido. Y ello exige incrementar y gestionar mejor el esfuerzo en innovación, favoreciendo igualmente la cualificación de los trabajadores, tanto la formación reglada como la continua. Como exige aproximar la oferta de formación a las necesidades de las empresas, acabando con el despilfarro de recursos actual.

En suma, la lucha contra la crisis ha de ser uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno para evitar la desaparición de una industria que ha sido, y debe seguir siendo, el motor de nuestro progreso colectivo. El compromiso de un gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero es colocar las necesidades de los ciudadanos como única guía de su acción de gobierno. De ahí su anuncio de poner en práctica un plan de competitividad para hacer frente a una crisis industrial en la que los valencianos nos jugamos nuestro bienestar futuro.

Ricard Torres es secretario de Economía del PSPV-PSOE y candidato al Congreso de los Diputado por el PSOE.