Culpar al vecino

Se han publicado estos días unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del diputado Antonio Beteta en relación con las listas de espera. Conviene dejar claro, en primer lugar, que el Sistema Nacional de Salud es uno solo para toda España y que todos los españoles, residan donde residan, tienen derecho a ser atendidos en los centros de salud y en los hospitales de cualquier lugar. El Estado autonómico no sirve para poner fronteras que separen a los españoles, y la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud garantizan la libre circulación de los pacientes.

Además, el acuerdo de financiación para el traspaso de las competencias sanitarias financia adecuadamente este modelo. En efecto, por una parte se dota a las comunidades con una financiación de base igual, como mínimo, a la que venían gastando hasta el momento de la transferencia. Y, por otro lado, gracias en buena medida al planteamiento realizado por el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, en la negociación con el ministro Montoro, se aprobó un fondo de cohesión para complementar la financiación y compensar a las comunidades autónomas que recibían a mayor número de pacientes.

Cualquier paciente de Castilla-La Mancha tiene derecho a ser atendido en Madrid, y viceversa. Muchos madrileños reciben en Castilla-La Mancha atención hospitalaria (más de 1.600 el último año) y, desde luego, atención en centros de salud. Además, se financian más de un millón de recetas de pacientes madrileños cada año, y son atendidos en los servicios de urgencia en caso de accidente o de cualquier necesidad (17.000 urgencias). Así ha sido desde que se puso en funcionamiento el sistema sanitario público, y así ha sido desde las primeras transferencias a Cataluña en 1981, y en todos estos años nadie ha levantado fronteras. Y se atienden pacientes de una comunidad en otra con normalidad. Quebrar este modelo sería muy grave. Esa política sí produciría la desverte-bración de España que algunos invocan para asustar a los ciudadanos y ganar votos al socaire de cualquier campaña electoral.

La señora Aguirre se equivocaría si creyera que las listas de espera se producen por culpa de los extranjeros o los residentes en otras comunidades autónomas. Las listas de espera son un problema que necesita un abordaje integral, con recursos, con acuerdos con los profesionales, con buenos sistemas de información. Pero las listas de espera principales se dan en procesos quirúrgicos menos graves (cataratas, varices, hernias inguinales, patología de cadera) y estos procesos no suelen requerir el desplazamiento de los pacientes de una a otra comunidad. También hay importantes esperas en consultas externas y técnicas diagnósticas. En estos casos suele haber capacidad de resolución bastante en cada comunidad autónoma. Pero hay técnicas muy complejas, o servicios especializados (como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo), que no estarán en todas las comunidades, y es lógico que los pacientes de todas las regiones puedan acudir a estos centros. La lista de espera debe ser una sola, y el orden en la lista es el orden de llegada o el orden de gravedad que indica el médico. No puede haber otra discriminación.

Es verdad que hay un aumento de la demanda por el incremento de la población y por una mayor capacidad de resolución. Quizás el conjunto del sistema sanitario necesite más recursos. El Partido Socialista viene insistiendo en la necesidad de aumentar el gasto social, que en los últimos ocho años ha pasado del 22,5% del PIB al 19,5%. Pero con los recursos que tengamos hemos de prestar asistencia a todas las personas que acudan a cualquier centro sanitario.

Al Gobierno de España le cabe la obligación de garantizar que el Sistema Nacional de Salud no se quiebre, y que cualquier ciudadano español tenga asegurado el derecho a ser atendido en cualquier centro sanitario de España en función de su necesidad, y no de ningunas otras cuentas.

Las declaraciones de la presidenta de Madrid serán afortunadamente una tormenta pasajera porque han partido desde la capital de España y por un dirigente del PP. Se hubiesen sido formuladas desde Cataluña o el País Vasco, habrían traído cola. Al enfermo hospitalizado en Madrid, Cuenca, Vitoria o Barcelona... hay que desearle su recuperación. Pero en modo alguno estoy en disposición de crearle un complejo de culpabilidad.

Fernando Lamata es consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha.