¿Seguridad o anexión?

El muro de separación con los palestinos que está construyendo Israel se ha sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). Los jueces terminarán hoy sus audiencias, aunque hasta dentro de varios meses no emitirán su dictamen sobre las "consecuencias en derecho" -es decir, sobre la legalidad de la construcción- de esta separación de más de 700 kilómetros de longitud y una anchura que varía entre 30 y 100 metros. No se trata de un litigio entre dos Estados, sino sobre la aplicación del derecho internacional.

Dado su trazado, que se adentra profundamente en territorio palestino ocupado por Israel, el TIJ debe dictaminar si viola o no el derecho humanitario y de ocupación, esencialmente las convenciones de La Haya y de Ginebra y diversas resoluciones del Consejo de Seguridad. Aunque el TIJ no tiene capacidad ejecutiva, si cree que se viola esta legalidad pedirá a la comunidad internacional, entre otras cosas, que no se reconozca la nueva línea de separación como frontera.

Nunca anteriormente el tribunal ha rechazado dictaminar sobre consultas que le haya sometido la Asamblea General de la ONU, que aprobó dar este paso en diciembre por 90 votos favor, 8 en contra y 74 abstenciones (toda la UE). En una votación precedente, una semana antes, 144 Estados habían condenado la construcción del muro. El impacto del dictamen, si se produce, no será puramente jurídico, sino político. Aunque al Gobierno de Sharon poco parece importarle, pues ayer mismo, mientras se veía el caso en La Haya, empezaba la construcción de un nuevo tramo.

Si para construir esta separación se hubiera seguido el trazado de la línea verde del armisticio de 1949, o incluso las fronteras de 1967, el TIJ poco hubiera tenido que decir, pues Israel tiene la libertad de encerrarse como Estado tras un muro. Pero como potencia ocupante es responsable de los territorios ocupados, y el muro captura una parte de éstos, incluido Jerusalén Este, produciendo sufrimiento humano y económico, en términos de separación de poblaciones, relaciones comerciales, cultivos, asistencia sanitaria o educación. Y el derecho internacional obliga a que los ocupantes dejen las cosas como estaban en la medida de lo posible.

Las preocupaciones de Israel ante los atentados merecen la máxima comprensión. Aduce su Gobierno que se ha reducido drásticamente el número de ataques suicidas provenientes de las partes de Cisjordania (Gaza está sellado) donde el muro ya está erigido. Pero los atentados han proseguido y, lamentable pero previsiblemente, seguirán mientras los palestinos no vuelvan a ver un horizonte de esperanza. Los palestinos no perciben el muro como un sistema de seguridad para Israel, sino como un descarnado instrumento de anexión de parte de sus territorios, para hacer irreversibles los asentamientos y dejarles en una especie de neo-apartheid, hurtándoles el derecho a un Estado. La seguridad de Israel sólo la garantizará una paz justa con el horizonte de dos Estados capaces de convivir uno junto al otro. La existencia del muro, aunque su Gobierno asegure que no es una frontera que prejuzgue el futuro, la complica aún más.