Fisipe cerrará su planta de Barcelona pese al recorte salarial aceptado por la plantilla

El sacrificio salarial (un recorte del 15%) que están dispuestos a hacer los trabajadores de Fisipe para salvar la fábrica, de la que dependen 422 empleados, ha servido de poco. La multinacional portuguesa ha agotado la paciencia y ayer reactivó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el posterior cierre de la planta tras la "infortunada espera" para la venta de la compañía a un grupo inversor que lidera el empresario Rafael Español. Los compradores condicionaron la operación a la rebaja salarial. La plantilla cumplió, pero Español aún no ha reunido el capital para la compra de la empresa.

Dos horas después del anuncio de Fisipe, los potenciales compradores pidieron una prórroga de un mes para continuar las negociaciones de la venta de la factoría, extremo desmentido ayer por los propietarios lusos.

Fisipe Barcelona, dedicada a la fabricación de fibras sintéticas y acrílicas, presentó el 5 de diciembre un ERE para la totalidad de la plantilla que implicaba el cese total de sus actividades fabriles en España. Pero el ERE se paralizó cuando apareció un potencial comprador de la planta. El cierre de la fábrica dejará en la calle a 422 trabajadores, los 264 de plantilla afectados por el expediente y otras 158 personas que trabajan en Fisipe a través de empresas subcontratadas.

La dirección de Fisipe justifica el giro de ayer como única alternativa "dadas las cuantiosas pérdidas que acumula la compañía" -superiores a los 30 millones de euros en los últimos años, a pesar de haber adelgazado su plantilla en más de cien personas- y el "reiterado incumplimiento de las condiciones de compra" de la sociedad por el grupo inversor.

"Con la intención de contribuir al mantenimiento de los contratos de trabajo de la plantilla, la empresa firmó el pasado 20 de enero un acuerdo de intenciones con el grupo empresarial liderado por Rafael Español, según la multinacional portuguesa. El plazo para la venta de acciones finalizó el 13 de febrero, aunque fue prorrogado hasta el 20 de febrero.

Este tiempo no ha sido suficiente para que Rafael Español haya conseguido capital para llevar a cabo la operación. El presidente de La Seda -La Seda y Fisipe se ubican una junto a la otra y comparten una planta de cogeneración de 24 megavatios en la que Fisipe consume la mayor parte del vapor y La Seda la electricidad- puso dos condiciones a la operación. La primera, una reducción salarial del 20%, que, tras negociar con los sindicatos, se estableció en el 15%, además del despido de 30 empleados mayores de 55 años. El esfuerzo es mayúsculo, pero la mayoría de la plantilla aceptó.

Préstamos y avales

La segunda fue la consecución de condiciones blandas de financiación. Durante las negociaciones, Español anunció el respaldo de su proyecto por parte de la Generalitat con un préstamo de 12 millones de euros y una línea de avales de otros 8 millones por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad de crédito público del Gobierno catalán.

Español pasaba la pelota al tejado del nuevo Ejecutivo pero, el pasado lunes, el consejero de Trabajo e Industria, Josep María Rañé, se encargó de devolvérsela: "La Generalitat no es una inmobiliaria", advirtió Rañé, y condicionó la operación al proyecto industrial y no al hecho de presentar el terreno de la planta como garantía. A las dudas de Rañé se suma la solicitud de información de Bruselas sobre estas posibles ayudas.

Tras la decisión de Fisipe, ayer el propio Rañé insistió en que el ICF tiene aún dos semanas para negociar con los nuevos inversores un posible crédito. Fuentes cercanas a Economía, de la que depende la entidad de crédito público, señalaron que no recibieron la propuesta de Español hasta el jueves pasado.

Rañé recordó que "aunque la empresa presentó este ERE, es la Generalitat la que tiene que decidir si es viable mantener parte de los puestos de trabajo". Fuentes de su departamento no entienden "las prisas de Fisipe por zanjar una crisis que planteó al anterior Ejecutivo en junio".