Israel rechaza la vista de La Haya sobre el muro por no tratar el terrorismo palestino

Israel presentará hoy, ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ), un documento en el que expone las razones por las que no acepta someterse a las audiencias que comienzan hoy y durarán hasta el miércoles, sobre la legalidad o ilegalidad del muro que el Gobierno hebreo está construyendo en Cisjordania. En 130 páginas, el Gobierno israelí desgrana argumentos jurídicos y políticos contra las audiencias en el TIJ, denuncia que no se ha hecho una sola referencia al terrorismo que sufre la población israelí y pide al tribunal que rechace el caso. Además, advierte de que esta iniciativa, que debe terminar con la elaboración de un dictamen que será enviado a Naciones Unidas, va directamente contra la Hoja de Ruta.

El documento, a cuyo resumen ha tenido acceso este periódico, subraya que ni la petición enviada desde Naciones Unidas al TIJ, ni la resolución de 20 párrafos adoptada por la Asamblea General de la ONU el pasado 8 de diciembre -y que es el origen de la audiencia de hoy- hacen referencia alguna a los atentados palestinos en Israel. Lo mismo sucede en los 88 documentos que la ONU ha remitido a La Haya sobre el caso. "Es inconcebible que el TIJ sea requerido para emitir un dictamen sobre el tema de la valla de seguridad de Israel por encargo de la mismísima organización terrorista que está activamente detrás de los atentados que hacen necesaria la valla", señala el texto.

A pesar de haber anunciado que no acudiría a las audiencias de La Haya, el sector más pragmático del Ejecutivo israelí ha impuesto finalmente al resto del Gabinete su tesis de que, independientemente de los efectos jurídicos y políticos que puedan tener, la repercusión en la opinión pública mundial de las audiencias obligaba a no dar la callada por respuesta. El informe que se presentará hoy estaba prácticamente ultimado hace dos semanas, aunque hasta el último momento ha sido retocado.

Hoja de Ruta

La Hoja de Ruta -el único plan de paz en el que se han puesto de acuerdo hasta ahora israelíes y palestinos, y al que los más optimistas dan por estancado, cuando no por muerto- es puesta en peligro, según los israelíes, por el proceso judicial que se inicia hoy. "La petición de un dictamen al tribunal destruye el equilibrio alcanzado y mina el esquema ciudadosamente construido para resolver el conflicto".

Además, el Gobierno israelí niega al tribunal competencia para entender del caso y señala que, aunque la tuviera, La Haya puede negarse a tramitar el asunto y pide al tribunal que lo haga. Subraya más adelante que en los casos que son sometidos al dictamen del TIJ, ambas partes tienen que estar de acuerdo en admitir su autoridad sobre el asunto en litigio, y en este caso una de las partes, el Estado de Israel, "no acepta de forma explícita la competencia del tribunal para resolver en su disputa con los palestinos".

Entre los fallos de procedimiento que el informe achaca al proceso destaca la invitación a Palestina como una de las partes en litigio. "No tiene base legal, según Naciones Unidas. (...) Los estatutos del tribunal permiten sólo la participación de Estados".

El texto reconoce la preocupación de algunos Estados sobre la construcción del muro y su trazado. "Muchas de esas preocupaciones también se dan en el interior de Israel y están en un momento de revisión judicial y política", señala. "Pero la cuestión crucial es si, aceptando este requerimiento político, el tribunal realmente está retrasando las perspectivas de una resolución pacífica de las diferencias entre las partes".

Israel anunció la construcción del polémico muro en julio de 2002, mes en el que se produjeron 37 atentados terroristas contra autobuses, centros comerciales y restaurantes israelíes, con un saldo de 135 muertos y 721 heridos.

El Gobierno de Ariel Sharon asegura que el muro, al que denomina "valla de seguridad", es una solución "temporal" y "no violenta" para frenar las incursiones de terroristas palestinos en territorio israelí.

Por contra, los representantes palestinos denuncian que se trata de un método de anexión ilegal de territorios palestinos, ya que el recorrido no se ciñe a la frontera anterior a la guerra de 1967, conocida como la "línea verde", y, además, supone el estrangulamiento económico de numerosas poblaciones de Cisjordania y del futuro Estado palestino en general.