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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pacto por la ciencia

El País

Nadie puede estar en contra de que la actividad científica en España se regule mediante un pacto entre las distintas administraciones para conseguir un marco estable que permita desenclavar a nuestro país de los últimos lugares en todas las clasificaciones científicas. Josep Piqué, en su etapa de ministro de Ciencia y Tecnología, anunció la voluntad gubernalmental de lograrlo, si bien el anuncio no mereció mayor crédito, dado que el ministro estaba ya destinado a la política catalana. Y su sucesor, Juan Costa, dedicado ahora a la campaña electoral en Castellón, no ha considerado merecedor de su atención este tema crucial.

Ésta es la teoría. En la práctica, el Partido Popular juzga innecesario asumir compromisos que vayan más allá de una legislatura, dado que ni siquiera ha cumplido los que había anunciado para ese plazo. Lo que demuestra es su desprecio por la ciencia como factor crucial en el desarrollo económico e industrial y su estimación de que el descuido de esta área no le va a suponer una sangría de votos. El último intento de sacar de su sopor a los responsables políticos y también a los ciudadanos es la propuesta de 11 miembros de la élite de la biomedicina de que se alcance un pacto de Estado que garantice un crecimiento sostenido de la inversión en ciencia hasta duplicarla en 2010 y que dote de estabilidad al sistema de ciencia y tecnología. A esta propuesta se han sumado el PSOE y Convergència i Unió. No es algo descabellado, sino simplemente un recordatorio que está en la línea de lo que se ha fijado como meta la Unión Europea para sus países miembros. Tampoco es el primer intento. Ya en 2000 destacados científicos firmaron un primer documento que iba en la misma línea.

La política científica no tiene tantos misterios como se empeñan en atribuirle sus responsables desde hace ocho años, quizá para justificar sus palos de ciego. Un sistema bien organizado y regularmente nutrido crece espontáneamente y tiene un coste que un Estado desarrollado está en condiciones de asumir. Lo malo es que no casa con la política científica de escaparate tan cara a los políticos en el corto plazo. Pero dejar que la ciencia se desarrolle fuera de la arena política, con el apoyo de todas las administraciones y bajo la guía de los que saben, sería, según todos los datos disponibles, una muy buena inversión para el país, gobierne quien gobierne.

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