El Superior admite el recurso navarro contra el 'plan Ibarretxe'

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior vasco ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno navarro contra el plan Ibarretxe. El Ejecutivo foral tiene también interpuesto un conflicto de competencias contra plan ante el Constitucional. La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, no se pronunció ayer sobre la decisión del tribunal, pero sostuvo que las referencias a Navarra incluidas en el proyecto del lehendakari son las que recogen la Constitución y el Estatuto de Gernika y respetan la libre voluntad de esa comunidad.

Con la admisión a trámite de este recurso ya son tres los que acumula el alto tribunal vasco contra la propuesta de nuevo Estatuto. Los otros dos son el de la Diputación alavesa y el del colectivo de funcionarios Manos Limpias. Miren Azkarate no opinó sobre la decisión del tribunal, pero insistió en que las referencias a Navarra contenidas en el plan se limitan a recoger lo que a su vez dicen la Constitución, en su Disposición Adicional Primera, y el propio Estatuto de Gernika, que se refiere en su artículo 2 al derecho de Navarra a formar parte de la comunidad vasca. El plan "respeta la voluntad de los ciudadanos navarros para que elijan libremente la relación que quieran tener con esta comunidad", sostuvo la portavoz.

El recurso navarro parte del mismo planteamiento del presentado por la Diputación alavesa y seguirá su mismo curso. La Administración vasca debe ahora remitir a los jueces el expediente administrativo y notificar su remisión a cuantos aparezcan interesados en él para permitirles personarse como demandados. En el recurso del Ejecutivo foral alavés se personaron las otras dos diputaciones y las Juntas de ambos territorios, que podrían volver hacer lo mismo en este caso.

El Gobierno no ha aportado como expediente administrativo del plan nada más que el propio texto articulado remitido al Parlamento y el acuerdo del Consejo de Gobierno que lo aprobó.

Dos acciones judiciales

El Ejecutivo navarro de UPN-CDN decidió el 19 de enero ejercitar dos acciones judiciales para conseguir la anulación del plan Ibarretxe: plantear un conflicto positivo de competencias ante el Constitucional por su presunta inconstitucionalidad y por no adecuarse a la delimitación competencial de la Constitución y la ley de Amejoramiento del Fuero, y recurrir en la vía contencioso-administrativa contra la tramitación del plan en el propio País Vasco. Ambos se han materializado tras negarse el Gobierno vasco a revocar el proyecto y a anular las referencias a la comunidad foral, una petición solicitada oficialmente por el Ejecutivo regionalista en noviembre.

El Gobierno de Miguel Sanz razona en su recurso que el preámbulo del plan determina la pertenencia de Navarra a "un pueblo con identidad propia" en Europa al margen de cualquier decisión o manifestación de voluntad del pueblo navarro y de sus instituciones.

Agrega que el Gobierno vasco se arroga indebidamente una representación de la que carece al referirse a un derecho de autodeterminación de los navarros, así como a las previsiones sobre las relaciones entre Navarra y la Comunidad de Euskadi. En concreto, el artículo 6 del plan señala que esas relaciones se sujetarán a lo que establezcan los ordenamientos de dichas comunidades, al margen de lo ya establecido en el artículo 145 de la Constitución. En su conflicto ante el Tribunal Constitucional, UPN y CDN pidieron la anulación de toda referencia a Navarra en el preámbulo y en el artículo sexto del proyecto, al afectar éste a la autonomía y la competencia de la comunidad foral.

Por otra parte, el grupo del PP en el Parlamento vasco presentará otro recurso ante el Constitucional contra el plan y la decisión de la Mesa del Parlamento de darle trámite.

La Mesa de la Cámara remitió ayer a la Junta de Portavoces el escrito de SA en el que pide que se admita su enmienda a la totalidad al proyecto, que fue rechazada al votar IU junto con el PP y los socialistas.