La ampliación a 10 nuevos socios dispara el gasto en traducciones a 800 millones de euros anuales

La próxima ampliación de la Unión Europea con 10 nuevos países incorporará a 75 millones de personas que aportarán al acervo comunitario nueve lenguas diferentes a sumar a las 11 ahora empleadas en las instituciones comunitarias. La nueva Babel obligará a un descomunal reajuste de efectivos en los servicios de traducción e interpretación de las instituciones comunitarias, que con 20 lenguas pueden llegar a producir hasta 380 combinaciones de interpretación. Para el conjunto de las instituciones de la UE, y sólo en traducción de textos, el gasto pasará de los 550 a los 808 millones de euros anuales.

La Unión Europea es una casa construida sobre el principio del multilingüismo en la que cada ciudadano tiene el derecho a comunicarse con las instituciones en la lengua de su país, la que quedó recogida en su momento en el correspondiente tratado de adhesión. Irlanda se sumó en 1973 con sólo el inglés, pero la minúscula Malta (400.000 habitantes) lo hace ahora con el inglés y el maltés, lengua que está dando notables quebraderos a los responsables de los servicios lingüísticos, que no pueden encontrar el personal suficiente para cubrir las necesidades.

La cuatro lenguas originales (alemán, francés, holandés e italiano) han crecido con las sucesivas ampliaciones hasta las 11 actuales, y a partir del próximo 1 de mayo serán, como mínimo, 20. En caso de que las negociaciones sobre la unificación de Chipre acaben con bien a tiempo, el turco se convertirá también en lengua oficial de los Veinticinco. "En la UE ampliada, con 450 millones de personas, hay unos 200 millones que sólo entienden su lengua, y si no entienden lo que hace, dice o decide la Unión, la legitimidad de la propia Unión está en juego", señala una fuente vinculada a los servicios de traducción.

Sólo en papel, los 1,5 millones de páginas que se traducen cada año en los Quince pasarán a ser del orden de los 2,4 millones en la Europa a Veinticinco. Para el conjunto de las instituciones de la Unión (Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia, además de otras entidades), el coste estimado de los servicios de traducción pasará de 550 millones a 808 millones de euros, con los del Ejecutivo comunitario aumentando de los actuales 230 millones hasta los 320. Los gastos estimados de interpretación en la Comisión ascenderán de 105 a 140 millones. La Unión gusta de señalar que el coste total de los servicios de traducción e interpretación viene a ser el de un café por ciudadano y año.

Los responsables de la Comisión estiman que Bruselas está mejor preparada ahora que en las cuatro anteriores ampliaciones, aunque reconocen retrasos en el calendario para las lenguas bálticas, el esloveno y el problemático maltés. A todas las lenguas deben traducirse todos los documentos legislativos, incluidas las 85.000 páginas del acervo comunitario, que son responsabilidad de los distintos países, aunque Bruselas haga un último control de calidad.

En el día a día, el inglés se ha impuesto de forma aplastante como lengua de trabajo y comunicación. El punto de inflexión en detrimento del francés se produjo con la ampliación de 1995 (Austria, Finlandia y Suecia) para consolidarse en 1999 de la mano de la Comisión de Romano Prodi. En las pruebas de selección de personal realizadas ahora, el 70% de los aspirantes de los nuevos países optó por el inglés como lengua de examen. El alemán también superó en estos países del centro y del este de Europa al francés.