Sí a la libertad ideológica y de investigación

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Juan Costa, a la sazón cabeza de lista del PP por Castellón, denegó hace unas semanas, y así lo recogió EL PAÍS y la Ser el pasado 9 de febrero además de otros medios de comunicación, una ayuda para un proyecto de investigación que pretendía formalizar -porque de hecho ya funciona- una red temática sobre derechos humanos de ámbito estatal. La solicitud la hicimos 87 investigadores de 12 universidades españolas, entre ellas la Universitat de València a través del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración y Minorías que dirigen Javier de Lucas y María José Añón y del que formo parte. Hasta aquí, naturalmente nada que decir, salvo la frustración, compartida por muchos investigadores españoles en los últimos años, por no conseguir un apoyo que consideramos merecido, justificado y sobre todo muy conveniente para la sociedad española; más si la materia es especialmente importante, como es el caso. Podría decirse incluso que a fuerza de repetirse, la negativas a ayudar a la investigación universitaria por parte de los Gobiernos del PP ya no son noticia. La noticia se produce cuando se entra en los "argumentos" que utilizó el Ministerio, a través de un grupo de "expertos independientes", para "justificar" su "no". Y recordaré sólo una de esas (sin)razones, por su especial gravedad. El Ministerio y sus expertos dicen, se atreven a decir, que el proyecto no recoge el imprescindible "pluralismo científico e ideológico" (sic). Tremendo argumento viniendo de quien viene, teóricos del pensamiento único y nihilistas de la muerte de las ideologías -por cierto, no les vendría mal de entrada un curso de lógica elemental en donde se enseñe a no afirmar una cosa y la contraria-. Es un argumento que para más INRI dirigen nada menos que a 87 investigadores (muchos de ellos dedicados al estudio y la defensa de los derechos humanos desde hace más de 30 años) de 12 universidades españolas, entre las que se encuentran, además de València, la Carlos III de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Santander, Tarragona, Oviedo o León, por sólo citar algunas.

Es verdad que todos los investigadores firmantes tenemos profundas convicciones democráticas; aquí acaba nuestra común ideología. También es cierto que estamos particularmente interesados por la investigación en derechos humanos, y todo esto nos une sin duda. Al tiempo, naturalmente, no agotamos (¡faltaría más!) la representación del pensamiento democrático. Algunos de los nombres propios referidos en su respuesta por el Ministerio que a su juicio deberían estar también en la red son buenos ejemplos; incluso, entre ellos hay buenos amigos que han colaborado en no pocos proyectos con muchos de nosotros. Pero mucho me temo que no son éstas las ausencias que preocupan al Ministerio y a sus asesores, aunque hagan un uso maniqueo de ellas, sino más bien otras. ¿Cuáles entonces?.

¿Está pensando el Ministerio quizá en los intelectuales de una guerra ilegal y profundamente injusta como la de Iraq?; ¡si al menos hubieran tenido la grandeza de pedir perdón por su ingenuidad o por su complicidad con una acción plagada de mentiras incompatibles con la democracia!. Sólo hicieron un esfuerzo para pedir una democracia sin ira(q) a través de un manifiesto desde esa Fundación, la FAES, que presidirá Aznar a tiempo completo después del 14 de marzo. ¿O se trata sin más de los artífices de la LOU?. Quizá sólo son estos los que faltan. Claro que también pueden ser los que vinculan la violencia de género con revoluciones sexuales, o los que ven en los abusos a menores "menudencias", o los que defienden la prohibición de la clonación como antaño lo hacían con el divorcio, tal vez porque pensaban que era obligatorio.

La gente del cine, con la magnífica Mercedes Sampietro a la cabeza, reivindicaban hace unas semanas, con toda la razón, libertad de expresión y respeto, que incluye naturalmente el apoyo, para las creaciones artísticas; los investigadores españoles también lo hacemos: libertad de investigación y libertad ideológica, sí, sin hipotecas ni chantajes partidarios, con la única guía (la única compatible con un pueblo adulto como diría el Kant del que celebramos ahora el bicentenario de su muerte, a veces con mucha grandilocuencia y poca convicción) de la Razón, del trabajo y del compromiso firme con la democracia, el pluralismo y los derechos humanos. ¡Andemos de una vez por todas sin muletas y acabemos con esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna a usar la cabeza (Antonio Machado dixit).

¿Nos van a ayudar a hacerlo?.

José Manuel Rodríguez-Uribes es profesor titular de Filosofía del Derecho y Miembro del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración y Minorías de la Universitat de València.