El Tribunal Superior de Justicia obliga a la Consejería de Agricultura a pagar 90.000 euros a 15 apicultores

La Unió de Llauradors informó ayer de su primer triunfo judicial en el pulso que mantiene con la Consejería de Agricultura en relación con los decretos contra la polinización cruzada en las plantaciones de cítricos (para evitar la aparición de semillas en la fruta). La organización agraria aseguró que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia en la que "obliga" a la Consejería de Agricultura a pagar a 15 apicultores 88.000 euros en concepto de ayudas que en su momento les fueron denegadas.

Las ayudas refieren al año 2000 y la sentencia al recurso presentado por la Unió contra la orden y el decreto de ese año. Recurso que se repitió en 2001, 2002 y 2003 y que tiene previsto presentar de nuevo este año. La organización explicó ayer que basa su recurso "en la vulneración del principio de confianza legítima y de seguridad jurídica al aplicar retroactivamente una disposición general [Decreto 33/2000 para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos]" en la que se establecía " incorrectamente", que su incumplimiento conllevaría la pérdida de la condición de beneficiario de todas las ayudas pedidas para 2000. Muchas de esas ayudas, continuaba la organización agraria en el comunicado difundido, "se habían solicitado antes" de la publicación del citado decreto.

Los recursos presentados se fundamentan, asimismo, en que esas normativas dejan sin posibilidad de indemnización a las colmenas de los apicultores que se incorporan a la actividad después del 31 de enero de 2001, lo que dificulta el relevo generacional "necesario para la viabilidad de cualquier sector".

La sentencia del TSJ deja sin efecto dichas resoluciones "por ser contrarias al ordenamiento jurídico" y reconoce el derecho de los 15 agricultores de la Unió a obtener las ayudas solicitadas y también a recibir los correspondientes intereses legales. La organización agrarias defendió que con esta sentencia "se demuestra" que la Consejería de Agricultura "fue más allá de la legalidad" al aplicar la normativa "e incluso ocultó hechos constatados al propio TSJ".

La Consejería de Agricultura aseguró ayer desconocer el contenido de la citada sentencia.