Alemania planea medidas contra Toll Collect por retrasar el sistema de peaje

El Parlamento federal alemán (Bundestag), el ministro federal de Transporte, el socialdemócrata Manfred Stolpe (SPD), y la Fiscalía de Berlín están al límite de la paciencia. Ninguno de los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, parecen dispuestos a soportar por más tiempo las chapucerías e incapacidad para asumir responsabilidades de la empresa Toll Collect, formada por los dos grandes consorcios alemanes Deutsche Telekom y DaimlerChrysler, para llevar adelante lo que se definía como uno de los mayores logros de la tecnología made in Germany: el sistema de cobro de peaje por satélite a camiones en las autopistas alemanas .

Los diputados de la Comisión de Transporte del Bundestag están hartos y ayer exigieron al ministro Stolpe, del partido socialdemócrata, que prepare "con urgencia" los mecanismos legales necesarios para denunciar el incumplimiento del contrato entre el Gobierno y Toll Collect. Stolpe advirtió a la empresa: "Se nos acabó la paciencia". Al mismo tiempo, en la Fiscalía de Berlín se ha abierto un sumario contra Toll Collect por estafa contractual.

Toll Collect ha reconocido su incapacidad para poner en marcha el sistema de cobro de peaje por satélite a camiones en las autopistas alemanas antes del año 2006. El proyecto ha sido objeto de una enorme controversia política desde el pasado mes de agosto a causa de sus sucesivos retrasos por problemas técnicos.

La empresa, formada por dos joyas de la industria alemana, intenta marcharse de rositas tras retrasar dos años y cuatro meses la entrada en funcionamiento del sistema y reducir a 500 millones de euros las penalizaciones en caso de que no pueda cumplir con esa fecha aplazada. Las pérdidas actuales se estiman en 180 millones de euros al mes que el Estado deja de percibir en calidad de peajes.

El desastre les puede terminar costando a los contribuyentes alemanes hasta 2.800 millones de euros y pone en peligro, hasta 70.000 puestos de trabajo, según los constructures. Esto se debe a la pérdida de contratos derivada de la caída de ingresos previstos con los peajes que estaban destinados a mejorar las infraestructuras.