El hospital Provincial de Castellón hizo test de sida a 150 empleados sin permiso

La Inspección del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que preside Eduardo Zaplana, ha impuesto una sanción de 1.600 euros al hospital Provincial de Castellón, dependiente de la Diputación, por una infracción grave al no haber informado a los representantes de los trabajadores de que los exámenes médicos a los que fueron sometidos unos 150 empleados del centro incluían análisis de sida y de hepatitis C. Los exámenes fueron realizados por la Unión de Mutuas, y los sindicatos denunciaron el hecho tras la sorpresa de los trabajadores al recibir los resultados.

El reconocimiento no contó con la preceptiva autorización de los empleados para ser sometidos a las pruebas de VIH y de hepatitis C, que precisan de consentimiento escrito, con lo que, según indicaron ayer fuentes sindicales, no se descarta que alguno de los 150 trabajadores a los que se hicieron análisis de sida inicie acciones legales de forma particular. La resolución no ha sido firmada por el inspector de zona al que corresponden las denuncias del centro hospitalario de Castellón, sino que está rubricada por el jefe de la inspección provincial, Vicente Sampedro. La resolución, que lleva fecha de ayer, se produce después de que se hiciera público que una mutua de la que es consejero el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y en la que trabaja su esposa, había realizado análisis de sida a funcionarios del hospital, entonces dependiente de la Corporación provincial (el hospital ha pasado este año a ser gestionado por la Generalitat Valenciana).

Los sindicatos, CC OO y UGT, presentaron sendas denuncias ante Trabajo entre el mes de diciembre y enero, después de comprobar que en los resultados de la revisión médica realizada en octubre a los trabajadores se incluía, en muchos casos, los relativos a las pruebas de VIH. Hasta ahora, cuando los sindicatos han dado publicidad al hecho, Trabajo no había dictaminado sobre las irregularidades.

Pese a que, según fuentes sindicales, la realización de las pruebas del sida debe contar con la autorización particular de cada empleado, en su resolución, la Inspección de Trabajo no hace referencia explícita a esta cuestión y únicamente indica que, en años anteriores, ya se habían efectuado reconocimientos a trabajadores sanitarios por riesgo biológico "y con consentimiento de los interesados". Tal como indicaron las mismas fuentes, "las autorizaciones de los trabajadores no se pueden prolongar a lo largo de los años y son preceptivas cada vez que se somete a un empleado a estas pruebas".

La resolución exculpa a la Unión de Mutuas, entidad que realizó los reconocimientos médicos y considera que "ha respetado con escrupulosidad los dos principios fundamentales en la acción preventiva de la vigilancia de la salud, como son el respeto al derecho de la intimidad de los trabajadores y el respeto a la confidencialidad en los datos obtenidos". Sin embargo, según ha podido saber EL PAÍS, la mutua, al ser alertada por los propios sindicatos de las anomalías cometidas, remitió al hospital, un mes después de realizar los análisis, el modelo de consentimiento que los trabajadores debían haber rellenado antes de ser sometidos a la revisión. "Te mando escrito sobre consentimiento de exploraciones médicas para los trabajadores del hospital Provincial. Ya remitiréis conformidad o las correcciones oportunas", indicaba la mutua. Tanto éstos como los documentos del contrato firmado entre la Unión de Mutuas, de la que es consejero el propio presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y la Corporación provincial, fueron remitidos a la inspección de Trabajo que, sin embargo, ha dejado recaer toda la responsabilidad en la dirección del centro.

Fuentes de la dirección del hospital Provincial señalaron ayer su disconformidad con la resolución de Trabajo al considerar que "debía haber sido la empresa contratada la que se encargara de realizar los exámenes de manera correcta". De esta manera, el hospital está preparando alegaciones contra el dictamen del ministerio. Por su parte, fuentes de CC OO han manifestado también su disconformidad ante una resolución que exculpa a la empresa encargada de los exámenes y que, a su entender, debería asumir la responsabilidad del caso.