Bienestar Social deja a cientos de mujeres jóvenes sin subvenciones
Los 340.000 euros destinados se quedaron cortos en menos de dos meses
Centenares de mujeres se han quedado sin las ayudas que en mayo de 2003 puso en marcha el anterior consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, de 3.000 euros para menores de 30 años que tuvieran un segundo hijo, un programa destinado a impulsar la natalidad. A ello se destinaron 340.000 euros, cantidad que se quedó corta: en menos de 60 días la consejería carecía de fondos para atender las centenares de solicitudes. Apenas se dieron 150.
La orden de ayudas se lanzó el 8 de mayo de 2003, días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo del año pasado. Se dotó con un presupuesto global de 340.000 euros y se destinó principalmente a mujeres menores de 30 años que tuvieran un segundo hijo, lo acogieran o lo adoptaran y que el menor tuviera como máximo 15 meses el 31 de diciembre de 2003. Además, se ofreció también las subvenciones a familias numerosas de honor, es decir, aquellas que tuvieran 10 o más hijos.
Las principales destinatarios fueron las madres jóvenes; y de hecho, Bienestar Social comenzó a recibir solicitudes días después. Sin embargo, dos meses después, ya no quedaba un solo euro destinado a cubrir estas ayudas, según ha podido saber este diario, de forma que sólo pudieron acceder a la subvención unas 150 y cientos de mujeres vieron cómo se denegó su solicitud al no haber fondos suficientes para abordar el grueso de las peticiones enviadas.
Solicitudes prioritarias
En la denegación, las solicitantes recibieron por respuesta "haberse atendido otras solicitudes más prioritarias (...) no existiendo ya crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de 2003 para atender la solicitud, en atención a lo dispuesto en la orden de ayudas". Para acceder a la medida los beneficiarios debían ser vecinos de algún municipio de la Comunidad Valenciana desde antes del 1 de enero de 2003. Además, los menores que dan derecho a solicitar la ayuda deben convivir con la persona beneficiaria en el momento de la solicitud y "los otros menores de la unidad familiar deberán estar escolarizados en el curso en el cual se solicita la ayuda y no tener una situación de absentismo habitual".
La ayuda establecida a las familias jóvenes era de 3.000 euros por cada nacido, acogido o adoptado y estaba prevista la posibilidad de aumentar la aportación hasta un máximo de 500 euros si los menores tenían una discapacidad con un porcentaje igual o superior del 33% o "necesidades especiales debidamente acreditadas que comporten gastos extraordinarios".
En estas condiciones encajaba una mujer que solicitó las ayudas el propio mes de mayo, días antes que se publicara la orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que se ha puesto en contacto con este diartio para denunciar su situación. Siete meses después de pedir la subvención, "no había recibido respuesta pese a que el plazo máximo establecido para tramitar, resolver y notificar las solicitudes era de tres meses", comenta. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de enero cuando recibió la notificación en la que pese a que confirmaban que se ajustaba a las condiciones requeridas para ser perceptora de las ayudas se la "denegaron porque había otras solicitudes prioritarias y, además, por no quedar crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de 2003", relata. "Y aún me ofrecían la posibilidad de recurrir", comenta, "con el agravante de que he hablado con muchísimas madres en mi situación y a todas ellas les ha sido denegado por los mismos motivos".
El objetivo de la medida, según comentó el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, era fomentar la natalidad -ya que la mayoría de las madres rebasan la edad de 30 años y así se pretendía incentivar la maternidad entre la población más joven- y permitir conciliar la vida familiar y laboral. Sin embargo, este impulso, que se quedó corto nada más ponerse en marcha el año pasado, no se ha mantenido este año. En los presupuestos de este año, con Alicia de Miguel como consejera, contrariamente a lo que sucedía en 2003, no figura una partida económica para este gasto en los dos departamentos donde podría ubicarse los fondos: la dirección general de la Familia, Menor y Adopciones y la de la Mujer.
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