Hacia la ley de calidad en Internet

El avance del ADSL es una noticia excelente para todo el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, por dos razones. Es fácil pensar, en primer lugar, que si la población española accede a Internet por conexiones veloces y seguras, el resto de mercados relacionados con la Red (comercio electrónico, descarga de música o películas online, venta de equipos informáticos más potentes) crecerá por sí mismo. Según el informe La sociedad de la información en España 2003, de Telefónica, los internautas que se conectan a la Red por banda ancha navegan una media de cuatro horas más a la semana que los que lo hacen por una conexión tradicional. El ADSL está considerado, además, la principal vía de ingresos a futuro de las compañías de telefonía fija.

Es, así, un mercado en constante crecimiento, y además desregulado. La teoría de la Administración española es que, en un mercado libre y en aumento, la competencia, necesariamente, se incrementa. Y si crece la competencia, el usuario final conseguirá conexiones veloces, buenos precios y servicios de calidad.

La competencia, sin embargo, crece de manera desigual: el 90% del mercado está en manos del Grupo Telefónica (Terra y Telefónica de España), que además también controla la red de acceso. La velocidad de las conexiones españolas apenas puede considerarse banda ancha. Mientras los japoneses pueden disfrutar ya de un ADSL de 45 mbps, la conexión española más común es el de 0,256 mbps, y las compañías sólo garantizan un 10% de esa velocidad. Los españoles, además, pagan más, como porcentaje de su sueldo por 100 kbps que los coreanos, alemanes, estadounidenses, malteses o portugueses (véase cuadro de la página 5): un 2,75%. Eso sin contar con las enormes diferencias que se encuentran en España en cuanto a la implantación del ADSL: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, suma 336.797 líneas, pero la provincia de Soria cuenta con apenas 1.682. Nadie niega, por fin, que los problemas de caídas de redes, falta de atención al cliente o contratación abusiva hacen necesario que el modelo de desarrollo e implantación del ADSL vuelva a pensarse de nuevo.

Propuestas prácticas

El abanico de propuestas incluye desde cuestiones puramente prácticas para mejorar el servicio hasta una ley de calidad, similar a la que firmaron las compañías de telefonía móvil con el ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, hace unas semanas.

En el terreno práctico, Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), realiza dos propuestas. El Gobierno debería, primero, potenciar el uso de herramientas tecnológicas para que el internauta pudiera valorar y comprobar la calidad del servicio que le están ofreciendo. En la página web de la AUI (aui.es) hay un programa que los usuarios pueden utilizar para comprobar la velocidad de su conexión. Según Pérez Subías, en el último año se han realizado 90.000 pruebas. La AUI propone, además, que los usuarios puedan cambiar de compañía "sin trabas de ningún tipo", es decir, sin necesidad de preavisar, al día siguiente de reclamar la baja y sin perder el servicio ni sufrir penalización económica. La odisea de muchos usuarios para darse de baja en el servicio ADSL es una de las quejas más frecuentes que se reciben en las asociaciones de consumidores.

La Asociación de Internautas (AI) va más allá, y reclama una ley de calidad que garantice que los operadores cumplen unos requisitos mínimos. Fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología reconocen que hay un problema, y que está pensando en solucionarlo con una ley de calidad, aunque, evidentemente, no saldrá adelante en esta legislatura.

Ésta será una batalla muy compleja, en todo caso. Los proveedores de acceso a Internet creen que no pueden ser responsabilizados por la calidad de un servicio que no controlan, al menos no al 100%, ya que la Red es de Telefónica. No es probable, por eso, que estén dispuestos a firmar unas normas que les obliguen a cumplir ciertos parámetros de calidad. A los internautas descontentos sólo les queda acudir a las juntas arbitrales de Consumo de sus comunidades autónomas, las asociaciones de consumidores o los tribunales.