Los jueces que condenaron a Juppé por corrupción denuncian que fueron espiados

Registros en los despachos oficiales, líneas telefónicas pinchadas, ordenadores rastreados: los tres magistrados que condenaron el viernes al ex primer ministro francés Alain Juppé y a otros ex directivos del neogaullismo fueron espiados y recibieron amenazas de muerte, según denunció ayer la presidenta del tribunal, Catherine Pierce, 24 horas después del fallo que convulsiona a la derecha francesa. Esa sentencia apunta contra el presidente de la República, Jacques Chirac, de quien los jueces escriben que "no podía ignorar" al menos una de las ilegalidades constatadas en la contratación falsa de empleados municipales que sólo trabajaban como liberados del partido de Chirac (RPR).

Al sentirse vigilados, los jueces decidieron prescindir del sistema informático del Palacio de Justicia de Nanterre (la ciudad donde tienen su sede) y redactaron la sentencia, de 124 páginas, en un ordenador personal. También encargaron las copias impresas en el exterior de las dependencias judiciales. Con estas precauciones pretendían mantener el fallo en secreto hasta el momento de hacerlo público, en la tarde del viernes.

No lo consiguieron por completo, porque un par de días antes empezó a filtrarse que el fallo iba a ser condenatorio. Pero sí lograron mantener bajo reserva el grado de dureza de la sanción. A nadie le habría extrañado una pena mínima de cárcel sin obligación de cumplimiento (el propio fiscal había requerido nueve meses de prisión en esas condiciones), que no habría afectado gran cosa a la carrera política de Juppé, porque no sería el primer político condenado de esa forma que prosigue su actividad. Lo grave es la decisión de privarle durante cinco años del derecho a figurar en las listas electorales, que implica la inhabilitación para cargo electivo por el doble de tiempo (diez años).

"Mucha gente quería saber cuál iba a ser nuestra decisión", declaró la presidenta del tribunal al diario Le Parisien. "Mi despacho y el de mis asesores fueron regularmente visitados en los últimos meses. Nos dimos cuenta rápidamente, sobre todo durante las audiencias celebradas en septiembre. Nuestros ordenadores personales fueron registrados. Pensamos que nuestros teléfonos, incluidas nuestras líneas personales, fueron colocados bajo escucha".

Hace algunas semanas se efectuaron una serie de trabajos de renovación en el Palacio de Justicia de Nanterre y algunos obreros se introdujeron por el techo del despacho de la presidenta del tribunal. Sobre este hecho se abrió una investigación interna, que no proporcionó resultados. Oficialmente, el ministro de Justicia, Dominique Perben, aseguró ayer que desconocía todos esos hechos y ordenó la apertura de unas diligencias judiciales en toda regla, a fin de que un juez de instrucción se encargue de esclarecer lo ocurrido.

A la espera de indicios sobre los autores de las intromisiones, lo cierto es que la sentencia del Tribunal de Nanterre era esperada por sus efectos sobre toda la política francesa. De entrada, ese fallo supone una condena muy severa del sistema organizativo del RPR, la principal formación de la derecha -hasta su integración en el actual partido Unión por la Mayoría Popular (UMP)-, si bien los hechos datan de finales de los años ochenta y primeros noventa.

Además de Juppé, brazo derecho y delfín de Chirac, han sido condenados otros cinco ex directivos del partido neogaullista, tres de ellos tesoreros, sobre los que recaen 14 meses de cárcel per cápita. El ex director del gabinete de Juppé en el partido, Patrick Stefanini, ha sido condenado a doce meses de prisión: el Ayuntamiento de París le pagó el sueldo durante cinco años. Ninguna de las penas dictadas conlleva la obligación de ingresar en prisión, acentuando así su carácter más "ejemplarizante" que represivo.

La tesis de los jueces es que la derecha se financió a base de "picar" en las cajas del Ayuntamiento de París y de varias empresas, en la época en que el partido y la municipalidad estaban dirigidos por las mismas personas: Jacques Chirac y Alain Juppé. "Ninguno de los dos podía ignorar" que una de sus más cercanas colaboradoras de entonces, Farida Cherkaoui, cobraba del Ayuntamiento sin ejercer función alguna. Su caso es uno de los siete en que se funda el tribunal para condenar a Juppé, pero inmediatamente añaden: " Él [Juppé] estaba directamente subordinado al presidente del movimiento [Chirac]".

En el mismo tribunal de Nanterre hay una diligencia separada, que se refiere a otra persona del RPR remunerada ilegalmente por el Ayuntamiento de París, que afecta personalmente a Chirac, y cuya tramitación está parada a causa de la inmunidad presidencial.

Trece empresarios o ejecutivos de sociedades privadas se han visto igualmente condenados por haber pagado los sueldos de personas que trabajaban exclusivamente para el partido RPR. Gran parte de ellos alegó, durante el juicio, haber sido víctimas de un chantaje o de presiones que condicionaban la obtención de obras públicas del Ayuntamiento parisiense a aceptar las falsas contrataciones de personal al servicio del movimiento neogaullista.