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Cotino reconoce un aumento de los delitos más violentos frente a un descenso global del 8,4%

El delegado del Gobierno afirma que el 50% de los detenidos son extranjeros

Juan Cotino, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, fijó ayer en un 8,4% el descenso de los delitos en el conjunto de las tres provincias. A pesar de ello, reconoció un incremento de los delitos más violentos y admitió que los episodios de agresión en el ámbito familiar habían sido 84 más que en 2002. La disminución de la actividad delictiva más acusada es la de robos en el interior de vehículos, con una diferencia negativa del 21,24%. Del balance anual señaló que el 50% de los detenidos fueron extranjeros, y de ellos, el 21% de nacionalidad rumana.

Según el delegado del Gobierno, apoyado por el jefe superior de la policía, Alejandro Valle, el porcentaje de detenidos extranjeros ha crecido en un 23% frente a lo que supuso en 2002. Y el de españoles descendió un 6%. Ambos precisaron que ese porcentaje de extranjeros no incluía los incumplimientos de la ley por estancia ilegal en España sino que se refería a la comisión de delitos y faltas. La cifra que no facilitó fue la de expulsados por estancia irregular.

El delegado del Gobierno, que ayer se reunió con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y judicatura, aseguró que los objetivos que se fijaron a principios de año se habían cumplido, refiriéndose a los seis delitos que a su juicio afectan más directamente a la calidad de vida de los ciudadanos: robos con violencia, robos en viviendas, robos en establecimientos, robos en el interior de vehículos, robos de vehículos y robos en polígonos industriales. Pero una vez fijado el descenso medio de los delitos en un 8,4% (el del conjunto de infracciones fue del 4,31% porque las faltas sí han experimentado un crecimiento) lo cierto es que el éxito de los planes desarrollados ha sido desigual. El mayor descenso se ha registrado en los robos en el interior de vehículos, con un signo negativo del 21,24%. Pero los robos en viviendas -uno de los delitos que mayor preocupación ha generado y al que se dedican bandas organizadas especialmente en las segundas residencias o en áreas rurales- sólo bajaron un 3,05%. Igualmente, el descenso de los robos de vehículos tampoco ha sido espectacular, habida cuenta que se queda en el 8,65% y que supuso uno de los objetivos sobre el que con mayor dedicación se trabajó durante todo el año.

El delegado del Gobierno no entró en el detalle del resto de delitos que no están incluidos en las actuaciones de objetivo prioritario. Sin embargo, admitió un ascenso de los episodios delincuenciales más violentos. Y como ejemplo citó que el ámbito de la violencia doméstica se habían registrado 84 más en 2003 respecto del año anterior.

Tampoco se refirió Cotino al balance en actuaciones en la lucha contra el narcotráfico a gran escala. Mencionó, eso sí, que en el acoso al tráfico de drogas al que se dedican organizaciones de nivel intermedio, los detenidos fueron 818, que se registraron 61 domicilios particulares dedicados a la venta de droga, y que se clausuraron una docena de establecimientos públicos por la venta de estupefacientes.

Alternativa de calidad

Los sindicatos UGT, CC OO y UFP (Unión Federal de Policía), con el apoyo de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), conformados como Plataforma por la Calidad de la Seguridad Pública, presentaron ayer una alternativa al modelo defendido por Juan Cotino. En esencia, denuncian la falta de coordinación y de cooperación, la diferencia de formación entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, desaprovechamiento de los policías locales, carencias presupuestarias para la mejora de medios técnicos y materiales, falta de optimización de recursos, absentismo laboral y existencia de un cuerpo de naturaleza militar que condiciona la mentalidad y actuación de sus agentes. Por ello, la plataforma lanzó ayer una alternativa de calidad que consideran debería basarse en: un mando único para la policía nacional y la Guardia Civil; la creación de unidades mixtas que eviten la duplicidad de funciones; potenciación de la investigación criminal, para lo que son urgentes las bases de datos como la de ADN; modificación de las competencias de cada cuerpo; homogeneización de las condiciones laborales y establecimiento de un único código deontológico.

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