Chile prepara reparaciones para 50.000 víctimas de la dictadura

Desde hace dos meses y medio, las víctimas de la represión del régimen militar que salvaron su vida acuden a las 45 oficinas que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ha abierto en todo Chile. Allí detallan en una ficha sus datos personales, la militancia política o sindical, los organismos que realizaron la detención durante el periodo de régimen militar que presidió Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, las condiciones y el lugar de privación de libertad y un breve relato en el caso de que existieran torturas.

"La mayoría asegura haber sido torturado", ha explicado recientemente María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión creada por un decreto supremo del presidente de la República, Ricardo Lagos. "Inicialmente, atendíamos a más de 200 personas diarias, sólo en Santiago, y ya tenemos registradas a más de 6.000 personas en la capital y otras 3.000 en las distintas regiones".

Seis meses de trabajo

El objetivo del trabajo de la Comisión, cuya actividad se prolongará a lo largo de los próximos seis meses, es determinar "el universo de las víctimas directas de la represión" cuando han transcurrido ya 14 años del final de la dictadura. María Luisa Sepúlveda calcula que la cifra puede llegar a las 50.000 personas, para las que se propondrán medidas de reparación.

"Haremos una propuesta integral que contemple tanto la atención médica como la social y económica. El daño es irreparable, por lo que la reparación siempre resulta insuficiente", reconoce la asesora del Gobierno en materia de derechos humanos.

El Estado otorgó la primera pensión a una familia víctima de la represión en 1993, veinte años después del golpe. En fecha reciente, el presidente Lagos envió al Congreso una propuesta para otorgar un bono de 15.000 dólares a cada hijo de desaparecido o muerto. Asimismo, se encuentra en discusión una mejora de las pensiones de las víctimas, que podrían quedar en una cantidad cercana a los 215 dólares mensuales.