Encerrados fuera de la mina

Una sala de reuniones del Ministerio de Economía se ha convertido en el albergue improvisado de seis mineros. Tres representantes sindicales de UGT y otros tres de CC OO de la mina La Camocha (Gijón) permanecen encerrados desde el pasado lunes en la sede del mininisterio para reivindicar una salida al conflicto laboral que atraviesan. La empresa Mina La Camocha lleva dos meses sin abonar los salarios a los 250 trabajadores a su cargo, además de los complementos a más de 300 prejubilados. Los representantes sindicales llegaron el lunes al ministerio para reunirse con el secretario de Estado de Energía, José Folgado. El encuentro concluyó de forma insatisfactoria y los sindicalistas optaron por quedarse hasta obtener una respuesta.

"Nos encontramos en un estado de excepción", asegura José Ángel Fernández Villa, secretario general de la federación minera de UGT, uno de los seis encerrados. Fernández y sus compañeros se quejan del trato recibido en Economía. Desde la noche del lunes, se han quedado sin calefacción y sin red eléctrica, sólo con la iluminación general de la habitación. De esta forma, no pueden cargar los teléfonos móviles, por lo que la comunicación con el exterior resulta complicada. La conversación con este periódico se ha realizado a través del único teléfono con suficiente batería.

Camino al aseo

Los seis dirigentes sindicales están custodiados por dos guardas de seguridad que se cercioran de que sus pasos dentro del ministerio sólo se encaminen al aseo más cercano. Toda la planta donde se ubica la sala de reuniones ha sido cerrada, según relatan. "Nos tratan como terroristas", sentencia Mino García, secretario de la federación minerometalúrgica de CC OO.

El secretario de Estado de Energía, José Folgado, se ofreció ayer a dialogar con los sindicatos y con la empresa, pero rehusó intervenir en el conflicto "bajo presión". Folgado añadió que es la empresa de La Camocha la responsable del conflicto laboral, una afirmación que comparte Mino García. No obstante, los sindicatos piden la mediación del ministerio, ya que cada año otorga a la empresa 15,7 millones de euros en subvenciones a cambio de que ésta responda a sus compromisos, entre ellos los laborales. "Ni siquiera exigimos una reunión con Folgado. Sólo que se nos dé una fecha para una reunión tripartita entre la empresa, el Gobierno y los sindicatos", subraya García.

La Camocha es una mina asturiana dedicada a la explotación de carbón. Emplea a 250 trabajadores de forma directa, a los que adeuda el salario de dos meses. También ha dejado de pagar un complemento a más de 300 prejubilados, correspondiente al 22% del sueldo que cobraran en el momento de retirarse. Los empleados llevan tres años sin convenio colectivo.

La Unión Europea concede unas ayudas a la minería que distribuyen los Gobiernos de cada país. En el caso de La Camocha, las subvenciones duplican la media de otras empresas, según recalcó ayer José Folgado. Los trabajadores reivindican que el Ejecutivo garantice el buen uso de esas ayudas para sostener la empresa. El encierro se prolongará, aseguran, hasta que encuentren una solución a sus demandas. Su protesta se vio ayer reforzada por la manifestación de un grupo de empleados de La Camocha ante la sede del PP en Oviedo.

Un portavoz del Ministerio de Economía aseguró ayer que los sindicalistas están recibiendo buen trato y que no intentarán desalojarlos. Para este departamento, la actitud de los seis encerrados "es un abuso de confianza". El ministerio ofreció a los encerrados café por la mañana y un bocadillo a la hora del almuerzo que rechazaron.

José Ángel Fernández y Mino García discrepan del ministerio respecto al trato recibido. Se quejan de la incomunicación y de la escasa disposición al diálogo. "Hemos tenido dificultades para hacer llegar medicación a algunos compañeros que la necesitan", explicaba Fernández. Varios responsables de UGT intentaron ayer por la mañana sin éxito acceder al edificio donde permanecen encerrados. El acceso les fue denegado, así como la posibilidad de dejarles tabaco y una radio, según relata Pedro Castillejo, de UGT. El ministerio tampoco permitió a la prensa entrar en el edificio, más vigilado de lo habitual.