El bienestar del euro

Victorioso, aunque sin mayoría absoluta, Aznar confió a su viejo compañero de fatigas Rodrigo Rato los destinos económicos del país nada formar Gobienro en 1996. Y Rato, un hombre bregado en la oposición parlamentaria desde los tiempos de AP, llegó con muchísimas ganas. Comenzó con la economía ya encauzada por su antecesor, el socialista y hoy comisario europeo Pedro Solbes, y con la misma obsesión: incorporar a España a la moneda única europea. Para ello había que cumplir los criterios de Maastricht, firmados en 1992, y ser muy rigurosos. Lo consiguió. España estuvo entre los alumnos más aplicados. Además de crecer muy por encima de la media europea incluso en los años de crisis (en 2003 lo hizo un 2,3% cuando Alemania y Francia rozaron la recesión), redujo el déficit público a menos del 3% del PIB y la deuda a menos del 60% mientras lograba controlar la inflación, que se desmandaría en los años siguientes.

Fueron unos logros que han seguido mejorando (y explotándose publicitariamente) hasta llegar al déficit cero con el que Aznar se despide de estas dos legislaturas y en el que, además del rigor presupuestario, han tenido mucho que ver las ayudas comunitarias, que alcanzan el 1% del PIB anual (unos 8.000 millones de euros). También ha habido una notable mejora en materia laboral, con un paro ligeramente por encima del 11% de la población activa frente al 22,9% de final de 1995 y la creación de 4,5 millones de empleos. El acercamiento a la media europea (en torno al 8%) ha sido evidente, aunque el ritmo se ha estancado en los dos últimos años y la calidad del empleo deja mucho que desear por su precariedad (los contratos temporales superan el 32%) y por la alta siniestralidad (una media de entre cuatro y cinco muertes diarias por accidentes laborales). El empleo es hoy, con la inflación -tras Maastricht se disparó hasta el 4% y ha terminado 2003 en el 2,6%- y la vivienda, el problema estructural más grave de la economía española.

En este periodo, la máquina económica ha estado a pleno rendimiento, centrada en las directrices de Bruselas. Primero, la incorporación al euro; después, cumplimiento del Pacto de Estabilidad (déficit, deuda e inflación), y, por último, la Cumbre de Lisboa (mayor crecimiento y pleno empleo en 2010).

El inicio del PP fue de rompe y rasga. Hizo lo que todo el mundo esperaba que hiciera. Más allá del obligatorio rigor en el cumplimiento de Maastricht, el Gobierno de Aznar se afanó en tomar el control de todos los resortes económicos del país. Concedió las presidencias de las todavía empresas públicas a personas de su máxima confianza para que terminaran la privatización y se quedaran al frente una vez finalizadas. Sólo dos semanas después de formar Gobierno, Francisco González, propietario de una sociedad de Bolsa, asumió la presidencia de Argentaria. Un mes más tarde, Juan Villalonga, compañero de pupitre de Aznar, se hacía cargo de Telefónica; Alfonso Cortina hacía lo propio en Repsol, y César Alierta llegaba a Tabacalera. En septiembre tocaba el turno a Miguel Blesa, compañero de Aznar como inspector de Hacienda, en Caja Madrid, y a Xabier Irala en Iberia. Ya entrado 2003, el ex ministro Martín Villa llegaría a Endesa. Todo quedaba bien atado.

Quiso también el PP tirar de la manta. Y lo hizo precipitadamente, porque se equivocó. Desde los cuarteles de Rato, la noticia se vendió como el gran escándalo de los gobiernos socialistas; pero resultó un fiasco. Según el nuevo Gobierno, el PSOE había perdonado una deuda fiscal de 200.000 millones de pesetas a sus "amiguetes", en palabras de Aznar. Los amiguetes no aparecieron, a pesar de las pesquisas nocturnas en la sede de la Agencia Tributaria, y el episodio costó las cabezas de los dos principales responsables, Jesús Bermejo y Pilar Valiente, una mujer que años después sería nombrada presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en sustitución Juan Fernández-Armesto, pero que no llegaría a cumplir un año por el escándalo Gescartera.

Al margen del superministro Rato, Aznar llevó a su lado a José Barea al frente de la Oficina de Control Presupuestario. La reaparición del veterano profesor, alto cargo con UCD, fue sonada. En teoría había llegado a Moncloa para asegurar más el control de las cuentas del Reino. Pero sólo duró dos años (hasta julio de 1998), posiblemente porque no tenía reparos en criticar la política económica y, sobre todo, por la profusión con que los socialistas blandían los papeles confidenciales de su oficina. Barea ha sido después uno de los más duros, no sólo por descalificar el déficit cero, sino por decir que existe un déficit oculto. Referencia que también hace Miguel Ángel García, jefe del Gabinete Técnico de CC OO, para quien existe un mínimo de 1,5% del PIB sin cuantificar que provendría de saldos no declarados en el Presupuesto, como el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), amén de RTVE.

Lo que no se puede negar es el crecimiento constante de la economía. Así lo reconoce García: "El balance de las grandes cifras es bastante satisfactorio, eso no se puede ocultar, tanto en creación de riqueza como de empleo". Pero no todo son luces: "Detrás de estos datos, que se manejan con excesiva autocomplacencia, se ocultan problemas que pueden poner en peligro la capacidad de crecimiento, sobre todo por la desequilibrada distribución de la renta que se ha hecho con las reformas fiscales". En parecidos términos se expresa Cándido Méndez, secretario general de UGT, para quien no se da la importancia debida a los procesos de devaluación que sufrió la peseta entre 1992 y 1994 a la hora de calificar el milagro español. El economista Guillermo de la Dehesa destaca: "Es importante señalar que España ha mantenido tasas diferenciales muy altas pese al auge de la economía en todo el mundo".

Es verdad que en el activo del Gobierno han tenido que ver muchos factores externos. Por un lado, la entrada en el euro ha permitido disfrutar de unos tipos de interés al 2%, históricamente bajos y desconocidos en España, "a pesar de lo que correspondía con una inflación tan alta, ya que lleva los tipos reales a ser negativos", a juicio de García. Para Méndez, hay varios "factores irrepetibles" que explican el fuerte crecimiento: "Las privatizaciones, que no se podrán volver a realizar; las bajadas de tipos; el impulso del ladrillo en la burbuja inmobiliaria o la inyección de mano de obra barata inmigrante". "Este modelo tiene los pies de barro y los días contados en el marco de una UE de 25 países", enfatiza.

Es una bonanza que se basa en el consumo, la inversión y la creación de empleo, potenciados por los bajos tipos. En este buen panorama, De la Dehesa y los sindicatos ponen un pero, la baja productividad. "Aún hay espacio para mejorar y crecer, por ejemplo por la incorporación de la mujer al trabajo, pero hacerlo sin productividad no tiene futuro". Y los sindicatos hacen hincapié en la falta de una política industrial y de I+D para la que poco ha servido el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se inventó Josep Piqué.

Un verdadero reto al que Fernando Fernández, rector de Universidad Europea, añade la necesidad de desregular más la economía. "Ha sido insuficiente, no se entiende que se sigan fijando las tarifas eléctricas o telefónicas por entes reguladores", afirma. Fernández alaba "el gran éxito" del PP de "convertir el equilibrio presupuestario en el centro del debate político y de creerse que España podía entrar en Europa, de lo que derivó tener una política fiscal especialmente austera". Y pide avanzar en la reforma laboral. "Se ha creado un mercado de trabajo dual que plantea problemas de crecimiento y productividad, la manera de acabar es plantearse los costes de despido y no tanto penalizar el empleo temporal".

El Gobierno ha disfrutado de una actitud muy positiva por parte de los agentes sociales, que se han mostrado muy contenidos en las reivindicaciones salariales (nunca alejadas del aumento del ÍPC) y muy dialogantes en la consolidación del sistema de pensiones. Si el PP quiere presumir en este terreno, los sindicatos pueden sacar más pecho porque su aportación ha permitido generar mayor estabilidad. Los primeros cuatro años han sido los menos conflictivos de la democracia, con unas centrales que se entendieron muy bien con el primer ministro de Trabajo, Javier Arenas, y que no tardaron en firmar un acuerdo de pensiones.

Las cosas siguieron bien con Manuel Pimentel, quien daría la espantada por la Ley de Extranjería y por como se había gobernado desde el PP el conflicto racista de El Ejido. Pero se deterioraron cuando el PP quiso imponer una reforma laboral, el conocido decretazo, que acabó con la huelga general del 20 de junio de 2002. Ese encontronazo se solventó con la salida de Juan Carlos Aparicio de Trabajo y su sustitución por Eduardo Zaplana, quien se encargó de dar marcha atrás en casi toda la reforma, cuyos principales objetivos eran abaratar el despido (con los salarios de tramitación), exigir condiciones estrictas para no retirar el subsidio de paro y una desaparición paulatina del Plan de Empleo Rural (PER) de los jornaleros de Andalucía y Extremadura.