Alcoi, Muro y Cocentaina piden al Consell ayudas para pagar los trabajos en prevención de la legionela

Alcoi, Cocentaina y Muro, poblaciones que han padecido brotes de legionela y que el decreto para la prevención de la bacteria considera como Zonas de Actuación Especial (ZAE), quieren que la Administración autonómica colabore económicamente en el control de la legionelosis que están llevando a cabo.

Hasta ahora, estos consistorios han sufragado los gastos de personal, han aportado los técnicos e ingenieros municipales que se han encargado de las inspecciones a los aparatos de refrigeración de riesgo y han pagado de las arcas municipales las analíticas periódicas realizadas a las instalaciones de riesgo en las empresas locales y que obliga la normativa aprobada por el Consell para prevenir la legionelosis.

A la vista de esta solicitud de ayudas económicas a los ayuntamientos la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de la que es titular Miguel Peralta, ha iniciado una negociación que concluiría con la firma de un convenio para financiar estos gastos que acarrean la prevención y el obligado control de la bacteria en estos municipios y el inventario de los aparatos de riesgo para la confección de los censos de instalaciones susceptibles de incubar la legionela. Los alcaldes de las poblaciones afectadas que no habían evaluado todavía los gastos que han supuesto estas actividades derivadas de la prevención de la legionela se comprometieron con el subsecretario de Industria, Rafael Sanus, a redactar en un plazo máximo de 15 días sus respectivos informes en los que figuraran los gastos que les supone a los municipios la realización de las tres analíticas anuales obligadas a las instalaciones de riesgo y las inspecciones que han de hacer cada vez que se paran y ponen en marcha los aparatos por un periodo superior a los cinco días y tras las vacaciones.

La Generalitat Valenciana ya inició una línea de ayudas destinadas a las empresas de las Zonas de Actuación Especial que tenían como objeto subvencionar parte del gasto del cambio de instalaciones de riesgo y a fin de adaptar las empresas a las auditorías realizadas por la empresa Alcora para aminorar el impacto de la legionela en estas poblaciones. Las ayudas previstas el año pasado fueron de 250.000 euros, cantidad que se mantiene igual para este año y a la que pueden acceder los empresarios que las soliciten para financiar hasta un 30% del coste total del cambio de las instalaciones. Los empresarios, sindicatos y políticos en la oposición han señalado la insuficiencia de las ayudas y han pedido, sin éxito, su ampliación. Los empresarios de Ibi solicitaron en octubre ser incluidos entre los beneficiarios de las ayudas para renovar las instalaciones.