El Gobierno de Asturias reclamará por la vía judicial los daños causados por el hundimiento del 'Prestige'

El Gobierno asturiano, integrado por PSOE e IU, reclamará por la vía judicial y ante el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación Marítima (Fidac) los gastos que le ocasionó la marea negra originada por el hundimiento del petrolero Prestige. Renunciará, por tanto, al cobro inmediato de esas cantidades que le había propuesto el Gobierno central, quien pretende que las comunidades autónomas afectadas renuncien a toda posibilidad de reclamación judicial posterior, que sólo podría ejercer, a partir de ese momento, el Ejecutivo de la nación.

A juicio del Gobierno asturiano, tales condiciones son "leoninas e indignas para una comunidad autónoma", en expresión del consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Externas del Principado, Francisco Javier García Valledor, quien añadió que el Principado no puede renunciar a sus derechos ni subrogarlos en favor del Estado porque supondría "una irresponsabilidad que no podrían entender los ciudadanos".

Los gastos en los que incurrió Asturias para retirar chapapote de su costa ascienden a casi nueve millones de euros. Esta cantidad no incluye los daños ecológicos ni los perjuicios a los sectores turístico y pesqueros que supuso la contaminación por fuel del litoral de la comunidad. Al prescindir del cobro inmediato para no renunciar al eventual ejercicio posterior de sus derechos, Asturias podría tardar varios años en percibir la cantidad que reclama.

El Principado de Asturias había propuesto al Gobierno y a su comisionado para el Prestige, Francisco Uría, un convenio en virtud del cual la comunidad asturiana pudiera recuperar el importe de los desembolsos realizados para combatir la marea negra, y cuyo coste debe asumir la Administración central por ser de su competencia, pero sin que ello supusiera la renuncia por anticipado a cualquier reclamación posterior.

El comisionado respondió que el pago por el Estado "habrá de ajustarse a lo establecido en el real decreto ley" de junio pasado, "sin que sea posible admitir cláusulas, condiciones o excepciones".