¿Público o privado?

La querella de un empresario contra el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y contra la salud pública y la propiedad industrial, ha revelado que el querellado participaba en dos consultoras, una de las cuales tenía como objetivo gestionar autorizaciones ante el Gobierno. Por una de estas intermediaciones Fabra percibió 49.884 euros. Fabra pudo llevar a cabo estas actividades privadas porque en 1999 el Grupo Popular de la Diputación aprobó la compatibilidad entre sus responsabilidades públicas (que incluyen su presencia en varios consejos de administración de empresas de la Generalitat Valenciana) con su tarea como "abogado y corredor de seguros en ejercicio".

Esta compatibilidad entre lo público y lo privado está en la raíz del caso Fabra. Porque, con independencia de lo que decidan en su día los jueces, es un hecho que intercedió ante el Gobierno para que agilizara la autorización para la venta de determinados productos fitosanitarios. Y no sólo él: también lo hizo ante el Ministerio de Agricultura un diputado castellonense del Partido Popular. Esta confusión no hubiera sido posible sin el conocimiento y consentimiento del partido de ambos. De otro lado, Carlos Fabra no es un dirigente provincial cualquiera; sus relaciones personales con el presidente José María Aznar son muy estrechas desde que éste escogiera Oropesa para pasar sus vacaciones.

El presidente del PP de Castellón debe deslindar claramente dónde acaban sus actividades públicas y empiezan las privadas, sin que para ello baste con esgrimir un acta notarial con una relación de sus bienes y las escuetas explicaciones, sin posibilidad de formular preguntas, ofrecidas la semana pasada en relación al incremento de su patrimonio desde que accedió al cargo. Un incremento patrimonial en el que no está solo. Otros dirigentes del PP de Valencia -comunidad de origen del famoso caso Naseiro, de presunta financiación irregular- han adquirido propiedades inmuebles millonarias desde que accedieron a la vida pública. Una medida profiláctica para evitar cualquier sombra de duda sería que Fabra, amén de aceptar comparecer ante la comisión de investigación que reclama la oposición, renunciara a la compatibilidad entre los deberes de su cargo público y sus actividades privadas.