660 presos cumplen dos años sin ser juzgados en Guantánamo

Se cumplieron ayer dos años del traslado de sospechosos de terrorismo a Guantánamo, pero los cerca de 660 detenidos siguen como el primer día: incomunicados, sin derecho a abogado y sin que Estados Unidos les haya formulado una acusación. A pesar de las críticas internacionales, las denuncias de grupos de derechos humanos y la presión de un sector de la sociedad estadounidense, el Gobierno de George W. Bush sigue renuente a concederles derechos procesales.

La situación puede dar un giro con la decisión del Tribunal Supremo de EE UU de admitir a trámite varias demandas. El sólo hecho de que el Supremo esté estudiando los casos ha producido cambios en la hasta ahora inamovible -y muchos dirían desafiante- postura de Bush. El Pentágono, responsable directo del penal de Guantánamo, ha anunciado que al menos dos de los detenidos cuentan con defensa legal. El presidente ha accedido a revisar los casos de nueve británicos para su posible procesamiento en el Reino Unido, a petición de Tony Blair, su aliado en la guerra contra el terrorismo.

Blair confirmó ayer las negociaciones y dijo sentirse optimista en que "se resuelvan, de una forma u otra, en cuestión de semanas". Washington ha suavizado las condiciones para repatriar a los detenidos pidiendo sólo que Londres sea capaz de manejar los casos, en vez de exigir su detención indefinida o enjuiciamiento. Los traslados, si llegan a materializarse, sentarían un precedente. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, dijo hace unos días que confía en la extradición a España de Hamed Abderramán Ahmed, ciudadano español preso en la base de Guantánamo.

"Combatientes enemigos"

EE UU ha creado una nueva categoría legal no reconocida por legislación internacional alguna, combatientes enemigos, para justificar la política de detenciones indefinidas. Los presos catalogados como tales no están amparados por la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. Washington insiste en que los derechos procesales de EE UU no son aplicables en Guantánamo, al ser legalmente territorio de Cuba. Toda esa doctrina está bajo revisión del Supremo, la única institución que puede limitar los poderes de guerra extraordinarios que se atribuyó el Gobierno tras los atentados del 11-S. Está previsto que los magistrados se pronuncien antes del verano.

Desde la llegada al penal de Guantánamo de los primeros detenidos talibanes en Afganistán, han sido liberados 88. La incertidumbre y los continuos interrogatorios ha llevado a 21 presos a intentar el suicidio y más de medio centenar está bajo tratamiento psiquiátrico. Al menos tres son adolescentes de 12 a 15 años, que viven en celdas separadas de las de los adultos. Los detenidos pasan el día hablando entre ellos, de celda a celda, rezando y siendo interrogados.

El Pentágono ha anunciado que muchos serán juzgados en tribunales militares específicos, establecidos dentro de la base. Todo está preparado a falta de que el presidente Bush ordene el inicio de los procesos.