Bush propone legalizar a más de ocho millones de trabajadores indocumentados

El presidente George W. Bush propuso ayer al Congreso la adopción de una nueva política de inmigración "más racional y más humana" que dé estatus legal temporal a millones de trabajadores sin papeles, la mayoría mexicanos o centroamericanos. "Por sentido común y por justicia, nuestras leyes deberían permitir la entrada de trabajadores que ocupen los empleos que los estadounidenses no ocupan", dijo el presidente estadounidense, que justificó su propuesta diciendo, con razón, que el actual sistema no funciona, aunque en la mente de todos los que escucharon ayer estaba además su objetivo, en las elecciones del próximo 2 de noviembre, de mejorar el 35% del voto hispano que logró el año 2000.

El presidente, rodeado de ministros y líderes hispanos conservadores y en un ambiente de gran ocasión, arrancó su mensaje en la Casa Blanca cantando las virtudes de la inmigración y su papel en la forja de EE UU, "una sociedad acogedora y una gran potencia gracias, en buena medida, a los inmigrantes". La cifra de trabajadores ilegales en EE UU oscila entre los 8 y los 11 millones de personas, de los que más del 60% son mexicanos.

Desde que, en 1986, el presidente Reagan firmó una ley que legalizó la situación de tres millones de indocumentados que pudieron probar que llevaban cuatro años trabajando, no ha habido ningún cambio en el sistema de inmigración, un sistema que "no funciona", reconoció Bush ayer, por varias razones: el cruce de la frontera con México es arriesgado, la vigilancia es muy cara y la desesperación por entrar pone a los trabajadores en manos de coyotes o polleros que les cobran entre 2.000 y 5.000 dólares por persona y que en los últimos meses han disputado a tiros por cargas humanas; los inmigrantes acaban en muchas ocasiones abandonados en zonas desérticas o estafados y robados; 400 murieron en 2003 intentando el cruce.

El presidente pidió al Congreso que aprobara la legislación a partir de cuatro principios: EE UU "necesita controlar sus fronteras", la reforma debe "atender a las necesidades económicas del país", no debe servir para "recompensar a los indocumentados" facilitándoles un atajo para conseguir la ciudadanía y debe incluir "incentivos para que los trabajadores temporales regreses a sus países cuando concluyan sus permisos". Además, con las nuevas medidas:

- El inmigrante indocumentado podrá solicitar un estatus de trabajador temporal con un visado de tres años, renovable, que le daría acceso al salario mínimo, la protección y los derechos básicos de los trabajadores estadounidenses.

- Los trabajadores temporales podrán entrar y salir de EE UU y traer a su familia si demuestran que la pueden mantener, pero deberán regresar a sus países al concluir sus permisos.

- Estos trabajadores pueden solicitar una green card o permiso de trabajo definitivo. Si cotizan el tiempo suficiente, sus aportaciones a la Seguridad Social les servirán para las pensiones de jubilación, en EE UU o en su país de origen.

- Se pondrá en marcha un sistema de oferta y demanda por el que los empresarios podrán contratar a extranjeros si demuestran que no hay estadounidenses que quieran ese trabajo.

Michele Waslin, portavoz del Consejo Nacional de La Raza, un grupo de presión hispano, señaló: "No es lo que queremos, no es una reforma global del sistema de inmigración, sino un programa de braceros, de trabajadores temporales con pocos derechos que pueden quedarse unos años y luego volver a sus países sin poder quedarse aquí de forma permanente". Además, "el plan da más oportunidades a los empresarios para contratar a gente vulnerable y explotarles". ¿Hay electoralismo? "Claro que sí, pero si la Casa Blanca piensa que va a ganar los votos de los latinos con esta propuesta, que se lo piense dos veces, porque esto no es lo que quiere la comunidad mexicana", asegura Waslin.

Reunificación de familias

En el campo contrario están los grupos que creen que hay excesiva manga ancha con los inmigrantes: "En una amnistía camuflada", según el Centro de Estudios para la Inmigración. "Es una gigantesca recompensa para los que han violado la ley", declaró a la NBC el ultraconservador Pat Buchanan, que denunció el propósito electoral del plan. En el mismo programa, la representante demócrata de California Loretta Sánchez dijo en cambio que la nueva ley "será buena para la seguridad, para la reunificación de familias y para la economía".

Para Bush, la apuesta electoral es evidente. Las papeletas de los hispanos -que votan poco y cuando votan, dos de cada tres lo hacen a favor de los demócratas- son importantes no sólo en Estados que aportan un alto número de votos al Colegio Electoral, como California, Florida o Tejas, sino en otros, como Nuevo México o Arizona, en los que republicanos y demócratas están prácticamente empatados.