El PSOE propone que la última instancia judicial sean los tribunales autonómicos

El programa electoral del PSOE propone que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas sean la última instancia procesal en su ámbito territorial y plantea limitar el papel del Tribunal Supremo al de órgano unificador de doctrina. Con ello, el PSOE generaliza a todas las comunidades autónomas la propuesta del Gobierno tripartito de izquierdas de Cataluña, que escandalizó al Ejecutivo del PP al considerar que era "inconstitucional". El socialista Jesús Caldera, coordinador del programa electoral, defiende que la propuesta es constitucional e "integra y vertebra mucho mejor España".

La propuesta socialista supone un importante impulso descentralizador de la justicia al ampliar el papel de los tribunales superiores de las comunidades autónomas en descargo del Tribunal Supremo. En los tribunales superiores de justicia, según el programa socialista, culminará la organización judicial en el ámbito territorial y se agotarán las sucesivas instancias procesales "sin perjuicio de las funciones de tribunales de ámbito estatal y de la unificación de doctrina del Tribunal Supremo".

El programa precisa que en materia penal, sin excepción, deberá reforzarse su propia organización para dar cabida, a través de una sala específica, a la segunda instancia penal en los términos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los tribunales superiores de justicia, según el programa socialista, también desarrollarán una función de casación en todas las ramas del derecho autonómico y serán competentes para conocer la petición de ejecución de sentencias extranjeras. Y sus salas de Gobierno ampliarán sus competencias con la delegación de funciones en materia inspectora y disciplinaria, para casos menos graves, desde el Consejo General del Poder Judicial.

Sentencias contradictorias

A partir de esta propuesta, los litigios en el ámbito de cada comunidad autónoma se solventarían, en última instancia, en el tribunal superior de justicia de cada una de ellas. Sólo en el caso de que, en aplicación de la legislación estatal, el tribunal superior de justicia de una comunidad dictara una sentencia que entrase en contradicción con la del tribunal superior de justicia de otra, le correspondería al Tribunal Supremo dictar la sentencia definitiva unificando la doctrina a aplicar.

Los socialistas amparan su propuesta en el artículo 152 de la Constitución, en los estatutos de autonomía de las comunidades y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 152 de la Constitución señala que "un tribunal superior de justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma". También señala que "las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia".

El coordinador del programa electoral del PSOE, Jesús Caldera, y el candidato socialista por León y jurista, José Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial, coinciden en asegurar que "esta solución, además de constitucional, es un avance porque integra y vertebra mucho mejor España porque permite que las comunidades autónomas se sientan más cómodas". La propuesta cuenta con el respaldo de los presidentes autonómicos socialistas de todas las sensibilidades, desde el catalán Pasqual Maragall al castellano-manchego José Bono o el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, según la dirección del PSOE.

Caldera y Alonso también defienden la propuesta por ser "más útil y operativa para los ciudadanos" ya que "la descentralización mejorará la gestión de los tribunales al acercarlos a los ciudadanos como ha sucedido con todas las materias traspasadas a las comunidades autónomas". Argumentan, además, que "aumentar las funciones de los tribunales superiores de justicia en descargo del Tribunal Supremo, al eliminar la tercera instancia en el ámbito autonómico, permitirá reducir el atasco al que está sometido el alto tribunal".