El CGPJ propuso en 2000 una descentralización de la justicia similar a la que plantea el PSOE
El Poder Judicial, de mayoría conservadora, planteó hace tres años que los tribunales superiores de justicia fueran la última instancia judicial en su territorio
El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propusieron hace cuatro años al entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, que los tribunales superiores de justicia fueran la última instancia judicial en su territorio, reservando al Alto Tribunal la función de unificar doctrina, según informa la Cadena SER. Las propuestas de los miembros del Poder Judicial, de mayoría conservadora, son muy similares a las que ahora plantea el PSOE y que tantas descalificaciones han recibido desde el Gobierno. Las últimas, de Mariano Rajoy, que hoy mismo las ha tachado de "disparate".
En julio del año 2000, el pleno del Consejo General del Poder Judicial remitió al ministerio de Justicia un informe de 100 páginas y 107 propuestas para mejorar el funcionamiento de los tribunales. En mayo de ese mismo año el Tribunal Supremo aprobó otro dictamen muy similar, y ambos se remitieron al entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes.
Las propuestas que van del número 26 al 33 se referían a las reformas que podrían emprenderse para mejorar el funcionamiento del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia de las 17 comunidades autónomas.
El documento señalaba que el elevado número de recursos impedían al Alto Tribunal cumplir adecuadamente con su función. Por lo tanto, sólo deberían acceder al máximo tribunal los asuntos sobre los que no se hubiera pronunciado antes, las sentencias contradictorias y aquellas que no respeten la jurisprudencia
Estas tres condiciones también aparecen en la propuesta del PSOE en materia de Justicia casi de manera textual y con el objetivo de que el Supremo se dedique a unificar doctrina. El grueso de los asuntos que ahora aborda este tribunal los asumirían los tribunales superiores de las comunidades autónomas.
Los tribunales superiores de justicia, según el programa socialista, también desarrollarían una función de casación en todas las ramas del derecho autonómico y serían competentes para conocer la petición de ejecución de sentencias extranjeras. Y sus salas de Gobierno ampliarían sus competencias con la delegación de funciones en materia inspectora y disciplinaria, para casos menos graves, desde el Consejo General del Poder Judicial.
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