Un hijo de la mujer asesinada en Mallorca sigue muy grave

El hijo mayor de la mujer asesinada la noche del jueves a manos de su ex compañero sentimental en S'Arenal de Llucmajor (Mallorca), de 21 años, "ha salido de la gravedad inicial", mientras que su hermano, de 18, permanece estable dentro de un "pronóstico muy grave". Ambos resultaron heridos de gravedad en su domicilio de S'Arenal al recibir sendos tiros de una escopeta de caza disparados supuestamente por Domingo Pozo Martínez, que había sido pareja sentimental de su madre, Pilar Crevillent, que murió al recibir dos impactos.

José, el hijo pequeño, fue intervenido quirúrgicamente el jueves por los médicos del hospital de Son Llátzer, donde está ingresado desde la noche de la tragedia, para tapar los orificios en el bazo que le causó el disparo. El joven "está estable dentro de un pronóstico muy grave", dijeron fuentes sanitarias. Mientras, Jaime, de 21 años, se mantiene en la UCI del hospital Son Dureta con ventilación mecánica. Los disparos le alcanzaron el pulmón izquierdo y la arteria axilar.

Trámites de separación

La presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica, Montserrat Comas, dijo ayer que la mayoría de las mujeres muertas por violencia doméstica en el último trimestre de 2003 no habían denunciado una situación de maltrato y se encontraban en trámites de separación judicial.

La presidenta del observatorio, compuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los ministerios de Justicia y Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, se refirió a un informe realizado por el servicio de inspección del órgano de gobierno de los jueces, que revela que en el 81% de las muertes de mujeres por violencia doméstica en 2001 no se había presentado previamente ninguna denuncia ni en comisaría ni en los juzgados.

En 2002, en el 75% de los casos tampoco se hizo, y en el primer semestre del 2003 el porcentaje fue del 68%, lo que demuestra, según Comas, "la enorme envergadura de un problema que ni siquiera aflora en su totalidad". Añadió: "Seguramente eran personas que estaban sufriendo en solitario situaciones de violencia habitual y que, sin embargo, por temor a su agresor o por dependencias de tipo psicológico o económico no lo habían denunciado".

Esta situación revela que "en esos momentos aumenta el conflicto y que el precio que pagan algunas mujeres en este país por su libertad es la muerte, porque cuando quieren independizarse de sus maridos violentos o poner fin a su situación de maltrato hay una franja de hombres que no lo toleran y actúan matando".

Comas insistió en que las mujeres que quieran separarse y sean víctimas de malos tratos deben denunciar previamente la situación a la Justicia "para que el Estado pueda protegerlas" mediante la ley reguladora que entró en vigor el 2 de agosto.