Nace la justicia sin fronteras

La euroorden, que terminará dentro de Europa con los procedimientos de extradición y agilizará la detención y la entrega de delincuentes, nació el pasado día 1, pero con problemas. Países clave como Alemania e Italia, que ha presidido la Unión Europea el pasado semestre, han arrastrado los pies frenando este instrumento básico para luchar contra el crimen organizado y, en especial, el terrorismo. Sólo ocho países, entre ellos España, ya están listos para aplicarlo. El resto llegan tarde a la cita, pero aseguran que antes de mayo todos, incluso los nuevos socios, lo habrán refrendado.

Los largos y laboriosos procesos de extradición para conseguir la detención y la entrega de un delincuente tienen sus días contados dentro de la UE. La llamada euroorden simplifica el proceso, en el que ya no intervienen las autoridades políticas. Un formulario común, emitido por una autoridad judicial, debe ser reconocido forzosamente por la autoridad judicial del país en el que se halle el delincuente, que deberá ser entregado de inmediato (diez días en caso de que el delincuente consienta) o en un plazo máximo de dos meses prorrogables a tres en casos excepcionales.

El Gobierno de Berlusconi ha sido el mayor enemigo de la norma europea

La vieja táctica de evitar la extradición cometiendo delitos menores no será válida

La diferencia entre los procedimientos de extradición y la euroorden es "abismal", según la califica un experto de Bruselas. Una extradición tarda un mínimo de tres meses, suele durar años y, en muchas ocasiones, queda bloqueada en el nivel político. La denegación de la entrega será ahora extraordinaria y, desde luego, tendrá que estar motivada. El país al que se le reclame la entrega podrá aportar también pertenencias personales del delincuente que puedan ayudar al esclarecimiento del delito.

La vieja estratagema de evitar la extradición cumpliendo delitos menores en el país de acogida tampoco será ya válida, pues la norma europea (que pueden aplicarla ya mismo los seis países que la han aprobado) contempla la entrega temporal inmediata para que el delincuente sea interrogado y juzgado en el país que lo reclama.

En el fondo, se trata de un reconocimiento mutuo y automático de las decisiones judiciales (no sólo las sentencias) en la persecución de 32 delitos graves; que la justicia viaje sin fronteras.

El avance es tan espectacular que el juez Baltasar Garzón se quejó en enero de 2002 de que la UE hubiera aplazado su aplicación hasta enero de 2004. Pero en Europa no todos son tan entusiastas. El Gobierno de Silvio Berlusconi ha sido el mayor enemigo de la euroorden. Rechazaba fundamentalmente que se hubiera incorporado entre los delitos a perseguir el de la corrupción, una de las acusaciones que pesaba desde España contra Berlusconi.

En noviembre pasado su ministro de Justicia, Roberto Castelli, recordaba al Parlamento Europeo que él siempre ha sido contrario. No obstante, en el Consejo europeo de Ministros del 27 de noviembre pasado, Italia aseguró que tendrá la euroorden lista para febrero en un rápido turno de palabra sobre este asunto. Es lo único que la presidencia ha hecho en su mandato semestral por este importante capítulo.

Pero Italia no está sola contra la euroorden. Basta ojear el texto oficial de la norma europea para comprobar que hasta ocho países de quince (Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia) declaran excepciones. Los tres primeros lo hacen para garantizar que la euroorden no se aplique con carácter retroactivo. Francia habla de delitos cometidos después de 1993, año de entrada en vigor del Tratado de la UE. Italia y Austria, a partir de este mes.

El retraso que registra la puesta en marcha de la euroorden se debe también a que algunos países han debido acometer cambios constitucionales para adaptarla a sus normas (y ceder en cierta forma soberanía en asuntos que antes eran estrictamente nacionales) y todo parece indicar que Alemania será el último en entrar, coincidiendo con la llegada de los diez nuevos socios.

Pero, retrasos al margen, esta norma supone una conquista sin precedentes en la UE, que sólo será posible gracias a la confianza mutua de los sistemas legislativos europeos, suficientemente garantistas, un aspecto en el que hasta hace poco Grecia todavía levantaba suspicacias por parte de sus socios.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 hicieron mucho por la euroorden, un proyecto que los Quince acariciaban ya en 1999 y por el que abogó decididamente el Parlamento Europeo.

Dinamarca, que presidía la UE en el segundo semestre de 2002, y España dieron ejemplo de cómo la voluntad política agiliza procedimientos aprobando leyes en tiempo récord.

También espoleada por los atentados, la UE aprobó una lista de organizaciones terroristas, entre las que se incluye Batasuna, contra las que luchar con instrumentos como la congelación de sus bienes.

Esta nueva norma no está relacionada con la euroorden, aunque psicológicamente, como dice la Comisión Europea, forma parte del mismo paquete; un paquete que para España y su lucha antiterrorista, batallada en el pasado casi en solitario, ha supuesto, en palabras de la eurodiputada socialista Rosa Díez, "una reparación histórica".