La rebaja del precio de más de 2.000 medicamentos entra en vigor mañana

A partir de mañana, 1 de enero, más de 2.000 especialidades farmacéuticas rebajan su precio. El motivo es la entrada en vigor de los nuevos precios de referencia, que fijan el máximo que la sanidad pública está dispuesta a subvencionar por cada producto. La medida supone ahorros de hasta el 60% en algunos fármacos, y tiene como objetivo reducir en cerca de 500 millones de euros el aumento descontrolado de la factura farmacéutica. Este gasto va rondar para 2003 los 8.800 millones de euros, lo que supondrá un aumento cercano al 11% respecto a 2002.

La entrada en vigor de la orden de precios de referencia no sólo supone una rebaja en los importes que va a pagar la Seguridad Social, sino que también afecta a la parte que debe abonar el consumidor si tiene recetas de población activa o enfermo crónico. Los pensionistas continuarán sin pagar nada, menos los de las mutuas.

Además, con la nueva orden cambia el sistema de sustitución cuando un médico receta un medicamento que pertenece a un grupo para el que se ha fijado un precio máximo subvencionado o de referencia. Hasta ahora, si el producto prescrito era más caro que el límite fijado por Sanidad, el farmacéutico podía cambiarlo por cualquier otro equivalente de precio igual o inferior al tope. A partir de ahora, lo tendrá que sustituir por el genérico más barato de cada grupo, según una lista publicada por el Ministerio.

Si no existe un genérico más barato, el paciente podrá llevarse el medicamento recetado, y pagar sólo el precio de referencia. Si existe, pero el enfermo se niega a la sustitución, tendrá que abonar el importe íntegro del fármaco, y no sólo la diferencia entre su precio y el máximo subvencionado.

Con la entrada en vigor de la medida, la industria farmacéutica dejará de ganar unos 400 millones de euros. El impacto repercutirá en toda la cadena, con una reducción de beneficios para la distribución y las farmacias. Para los mayoristas, el impacto será de unos 28 millones, y para el margen de las farmacias algo más de 100 millones. Los consumidores (Seguridad Social y usuarios) se repartirán un ahorro de 635 millones, la mayor parte de las cuales será un ahorro para las arcas estatales.

Estas ventajas en cuanto a menor precio para los pacientes y la Administración tienen en cambio su parte negativa. Según fuentes de la industria, y, sobre todo, de los laboratorios que fabrican medicamentos genéricos, la reducción en el precio de algunos productos es tan grande que muchas industrias van a tener problemas de viabilidad.

Además, el método elegido para fijar el precio máximo subvencionado (la media de los tres medicamentos equivalentes más baratos) no ha tenido en cuenta la capacidad de producción de los laboratorios que fabrican a menor precio, por lo que se corre el riesgo de que exista un desabastecimiento, según los sectores implicados. En algunos casos se ha usado el precio de productos que están registrados en Sanidad, pero que ni siquiera están realmente en el mercado.

Fuentes de los fabricantes de genéricos opinan que a medio plazo la medida va a ser contraproducente. La parte de medicamentos sin patente que se vende con receta apenas llega al 5% del total. Con ese porcentaje de cuota de mercado, una reducción drástica de precios puede hacer que hasta un 30% de los laboratorios cierren. De esta manera las grandes empresas, que pueden aguantar mejor el impacto, se quedarían sin competencia, lo que les permitiría subir sus precios, con lo que se anularían el efecto del ahorro.

También el PSOE ha criticado la medida. Para la secretaria de Políticas Sociales la nueva orden de precios es una muestra del "fracaso" del ministerio para controlar los precios y el resultado de la falta de una política global que no sólo actúe sobre los recios sino sobre la promoción, la prescripción y la dispensación de los fármacos, con especial atención a las actividades de promoción de los nuevos productos.

La patronal Farmaindustria ha amenazado incluso con recurrir la medida. Con las actuaciones legales, la industria no pretende detener esta rebaja, que ya ven como "inevitable", sino que una sentencia fije algún límite que les dé seguridad jurídica ante futuros descuentos imprevistos.

Por su parte la ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha justificado la rebaja como un intento de frenar el gasto y poner orden en una situación en la que productos equivalentes tenían diferencias de precio de hasta el 60%. La medida afecta sólo a medicamentos con la patente vencida y ya amortizados por la industria, argumenta Pastor, quien aduce que precisamente quedan fuera de la orden los considerados fármacos innovadores y los grupos terapéuticos pediátricos, que son los campos donde los laboratorios deben invertir en investigación y obtener el beneficio de su competitividad e innovación.

Respecto al peligro de desabastecimiento, fuentes del Ministerio afirman que al fijar el precio de referencia con la media de los tres más baratos no se pretende que esos laboratorios sean los únicos que suministren los productos, sino indicar el límite para que otras empresas mayores fabriquen a ese precio.