Menores fuera

El acuerdo alcanzado con Marruecos para la devolución inmediata de los menores inmigrantes llegados irregularmente desde ese país a España -más de 4.000 tan sólo en el año 2002- era razonable, pero a condición de garantizar plenamente sus derechos y de asegurar la entrega efectiva a sus familias, en caso de tenerlas, o a autoridades marroquíes de tutela plenamente competentes. En unas declaraciones publicadas el sábado por este periódico, el ministro del Interior, Ángel Acebes, quiso despejar la impresión de que el Gobierno español ha pretendido, sobre todo, quitarse de encima un problema que, si bien no es estrictamente suyo, tampoco puede decirse que le sea ajeno, a tenor de las obligaciones contraídas en los acuerdos internacionales sobre la protección a la infancia, en especial la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Acebes afirmó que la devolución de los menores siempre se hará atendiendo al interés superior, que es el del menor; rechazó la posibilidad de hacer expulsiones masivas y distinguió entre los casos de menores sorprendidos en la frontera o delinquiendo en el interior y los de aquellos que ya están tutelados en España. Esas precisiones son de rigor y la sociedad española deberá velar para que se cumplan estrictamente.

El acuerdo hispano-marroquí es en sí demasiado genérico y no hace matizaciones respecto de situaciones tan dispares como la de los menores interceptados en la frontera, los que se encuentran dentro del territorio español y los que ya están bajo tutela en los centros correspondientes. Los temores que ha querido despejar el ministro Acebes proceden de esa vaguedad del acuerdo y también de hechos como la increíble instrucción de hace dos meses del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, ordenando a los fiscales que procedieran a la solicitud de repatriación inmediata de los menores extranjeros de 16 a 18 años de edad.

Hay, pues, razones para inquietarse por el porvenir de la esforzada labor llevada a cabo por las instituciones de tutela españolas para la educación y reinserción social de los casi 3.000 menores marroquíes acogidos en ellas y para preguntarse si ha quedado convertido en papel mojado el artículo 35 de la actual Ley de Extranjería, que considera "regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública". El acuerdo puede suponer una derogación de hecho de esas cautelas legales y puede eludir incluso el requisito más esencial en la repatriación de menores: la previa localización de sus familias. España, según el acuerdo, se da por satisfecha con ponerlos en manos de las autoridades fronterizas de Marruecos, que, al parecer, se encargarán de todo. Una medida a vigilar de cerca.