Turno de oficio: imprescindible y obsoleto

El vigente sistema de asistencia jurídica gratuita, del que el llamado Turno de Oficio es su pieza más conocida, rezuma ineficiencia en su concepción y funcionamiento. Las razones son múltiples, pero una es clave: los abogados y procuradores que lo atienden no cobran una nómina ni tienen dedicación exclusiva, sino que perciben unas cantidades ridículas, llamadas eufemísticamente indemnizaciones, por cada uno de los casos que se les asignan. Esta es la razón por la que, paralelamente, han de dedicar un tiempo nada despreciable a la búsqueda de asuntos particulares, si es que quieren comer de su profesión. Evidentemente, tal pluriempleo forzado provoca que el servicio que se da nunca pueda ser igual al que proporcionaría una estructura equivalente a la que hoy vertebra nuestro sistema de sanidad pública.

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2004, siguiendo una tónica ascendente de gasto desde los últimos ejercicios, destinan nada menos que 1.513 millones de las antiguas pesetas para subvenciones directas a la asistencia jurídica gratuita, lo que evidencia que nuestra Comunidad Autónoma cuenta con suficientes recursos económicos como para plantearse alternativas serias que redunden en una mejora de este servicio y que, a la vez, proporcionen bienestar y estabilidad a los profesionales que lo atienden.

Llegados aquí, creemos que habría que hacerle al ciudadano una pregunta muy clara: cuando usted no tenga dinero para elegir un abogado particular, ¿quiere que su caso lo lleve un letrado que tiene que trabajar a destajo y correr de un lado a otro para mal llegar a fin de mes?; ¿o prefiere que le atienda un profesional sosegado que cobre un sueldo fijo y decente y pueda, por tanto, dedicar a cada asunto un tiempo razonable?

Dicho de otra forma, ¿alguien puede creer que la Sanidad Pública iría mejor si a sus médicos les quitaran la nómina, les pagara la Administración una miseria por cada actuación realizada, y les permitiese salir siempre a la calle para obtener privada y simultáneamente unos ingresos decentes? Pues ésta y no otra es la situación en la que se encuentra actualmente la Asistencia Jurídica Gratuita, y por tanto resulta obvia la necesidad de cambiarla.

Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer. Habrá que vencer inercias corporativas, habrá que debatir largo y tendido sobre la financiación de ese posible nuevo sistema gratuito de abogacía y procuradoría para el público. Hay mucho trabajo, pero en Esquerra Unida del País Valencià-L'Entesa ya hemos dado el primer paso en esa dirección. En efecto, en las pasadas elecciones autonómicas de mayo de este año, y a propuesta de quienes redactamos estas líneas, esa fuerza política incorporó a su programa una ambiciosa propuesta para configurar el Servei Valencià d'Assistència Jurídica Gratuïta, cuya organización sería la siguiente:

1) Un Servicio de Orientación integrado por abogados de cabecera que prestarían una primera atención al ciudadano, descartarían las peticiones improcedentes y encarrilarían los asuntos defendibles hacia los especialistas correspondientes.

2) Un conjunto de Áreas de Actuación (civil, penal, laboral, administrativa, etc.), servidas cada una por abogados especialistas dirigidos por un Coordinador de Área responsable ante el Coordinador General, y apoyadas por un número suficiente de procuradores. A fin de acercar el Servicio a los usuarios, podrían organizarse Unidades de Actuación Comarcal, integradas por un número suficiente de abogados de cabecera y de especialistas de cada rama jurídica.

3) Un Coordinador General, que asumiría la coordinación administrativa y organizaría el funcionamento cotidiano del Servicio, adecuándolo a las directrices emanadas del Consell Valencià d'Assistència Jurídica Gratuïta.

4) Un Consell Valencià d'Assistència Jurídica Gratuïta, totalmente independiente de la Administración y del Poder Ejecutivo, e integrado por representantes de la sociedad civil, tales como partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores o universidades, y que fijaría las directrices genéricas del conjunto del Servicio. Su Presidente, elegido y renovado en la forma que se determinase reglamentariamente, habría de rendir cuentas a las Cortes Valencianas cuando fuese requerido al efecto.

5) Un sistema abierto e imparcial para la selección y promoción de los profesionales que hayan de pasar a integrar el Servicio, adoptando en lo pertinente el modelo vigente en la Sanidad Pública, y que arrancaría de unas pruebas selectivas de libre acceso para los licenciados en Derecho.

6) Las retribuciones de los miembros del Servicio serían variables en función de la antigüedad y nivel de responsabilidad, pero deberían mantener una homogeneidad con las correspondientes a los Técnicos del Grupo A de la Generalitat Valenciana.

Esta es, condensada, la propuesta de una fuerza política siempre orientada hacia el progreso social y el igualitarismo. El resultado de las últimas elecciones autonómicas nos dejó, por el momento, sin posibilidades de ponerla en práctica, aunque confiamos que se vayan creando las condiciones necesarias para ofrecer al ciudadano, a no mucho esperar, una Asistencia Jurídica Gratuita verdaderamente satisfactoria.

Isaura Navarro Casillas y Eric Bataller i Ruiz son abogados y miembros del Área Pública de Esquerra Unida del País Valencià