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La nueva norma de reciclaje aboca a la mayoría de los desguaces al cierre

Sólo una empresa ha adaptado sus instalaciones a la normativa europea

La exigencia de un reciclaje integral de los vehículos supondrá la desaparición, el próximo año, de la mayoría del centenar de desguaces existentes en Euskadi. La próxima aplicación de una normativa comunitaria para fomentar el reciclaje y evitar la contaminación que causan líquidos y materiales de los vehículos modificará por completo este negocio, del que la propia Administración carece de un registro exhaustivo. Aunque varias empresas están en proceso de readaptación para realizar el reciclaje integral, ahora sólo existe un centro homologado en Euskadi, Car Recycling, ubicado en Sestao.

La directiva de la UE se encuentra vigente en varios países europeos desde años atrás y en España su aplicación se ha demorado por los retrasos en la trasposición de la normativa, que no se produjo hasta diciembre de 2002. Su entrada en vigor oficial se produjo a principios de este año, pero no ha tenido efecto por la falta de un decreto-ley que establezca las medidas coercitivas para su cumplimiento. La aprobación de este decreto, a principios de año, obligará a una renovación total de los desguaces, con la desaparición, entre otros aspectos, de la estampa típica de coches apilados de estos negocios.

Los nuevos desguaces deberán reciclar el 85% de las piezas, un porcentaje que para 2011 se elevará al 95%. Además, se tendrá que descontaminar el vehículo con la retirada de diferentes materiales tóxicos: aceites, líquidos de transmisión y de frenos, baterías, filtros o anticongelantes. Un coche abandonado se convierte en un residuo peligroso, puesto que tiene elementos como el plomo, mercurio, cadmio o cromo. La capacidad contaminante ha aumentado con el progreso: a mediados del siglo pasado, los vehículos tenían un 82% de metales y sólo un 2% de plástico, pero en los 90 este elemento llegó hasta el 8,5% y el problema es la dificultad para su reciclaje.

El Gobierno vasco ha asegurado que hará cumplir la directiva, pese al gran impacto que va a tener en el sector de desguaces. También lo tendrá para los automovilistas. Si quieren dar de baja a su vehículo deberán contar con un certificado de destrucción expedido por los nuevos desguaces. En caso contrario tendrá que seguir pagando los impuestos del coche..

El Gobierno asegura que tiene registrados cerca de 85 desguaces, aunque fuentes del sector apuntan a la existencia de un centenar. Desde febrero pasado, Car Recycling es el primer centro homologado para el reciclaje de vehículos. "Y por ahora somos los únicos", asegura su director general, Santiago Perea.

"Permiso condicionado"

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Según sus datos, apenas una decena de los actuales desguaces existentes en Euskadi dispone de un "permiso condicionado" del Gobierno para su reconversión. Son negocios que realizaron la solicitud para la adaptación y un estudio de ingeniería, pero tienen que acometer una costosa reconversión de sus instalaciones, que, en el caso de una empresa media, ronda los 300.000 euros sin contar el pabellón y los terrenos.

Según los cálculos del sector, los costes de descontaminación por coche pueden rondar los 120 euros. Para realizar esta tarea se impone un plazo máximo de un mes. "La imagen del cliente que va a un desguace e incluso él mismo coge la pieza que busca de un coche abandonado se acaba ahora", asegura el director general de Car Recycling.

En el País Vasco se dan de baja cerca de 50.000 vehículos al año, que generan cerca de 40.000 toneladas de residuos, la mayor parte metálicos. Sin embargo, Car Recycling estima que en 2004 se alcanzarán los 65.000 vehículos en desuso.

Este centro de reciclaje ha tratado este año más de 2.000 vehículos en su planta de Sestao y sus previsiones son alcanzar los 9.000. Actualmente colabora con veinte concesionarios de distintas marcas para el reaprovechamiento de los coches. En Vitoria existe un planta piloto desde hace cinco años promovida por el Ayuntamiento. Cerca de 2.000 vehículos han sido descontaminados en este lustro y se han tratado vehículos de propiedad municipal o los adquiridos por el consistorio tras ser abandonados en la vía pública.

Por ahora, las empresas no contempla el cobro del certificado de destrucción, ni a los propietarios ni a los concesionarios. En cambio, sí parece que se encargarán de cobrar las tasas de baja, un cometido que ahora realiza la Dirección de Tráfico. "Nos han pedido que lo hagamos", apunta Santiago Perea.

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