Los empresarios catalanes se desmarcan de Cuevas y tienden la mano al Gobierno catalán

Las organizaciones empresariales catalanas, incluida Fomento del Trabajo, se desmarcan del temor expresado por el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, ante propuestas del futuro Gobierno de izquierdas autónomo que ve como "una amenaza", sin precisiones. Los empresarios catalanes, pragmáticos, quieren colaborar con el nuevo Ejecutivo. No es un cheque en blanco. Piden más concreción en las medidas, preguntan cómo se podrán pagar si no se alcanza un nuevo pacto de financiación y recuerdan que la economía afronta un entorno más competitivo. Encajan mal resucitar la semana de 35 horas.

"Es hora de dejar hacer y trabajar al nuevo Gobierno. Sólo cuando haya empezado su rodaje podremos entrar en la valoración de medidas", señalaron ayer fuentes del Círculo de Economía, presidido por Antoni Brufau, uno de los foros con relieve en el paisaje socioeconómico catalán que cortó por lo sano con las interferencias empresariales y políticas contra la legitimidad de la presencia de los republicanos de ERC en el futuro Ejecutivo catalán, todavía sin constituir, durante la campaña electoral.

El pragmatismo del empresario catalán ante un nuevo marco político asoma también desde Fomento de Trabajo, miembro de la CEOE y presidida por un Juan Rosell que fue uno de los empresarios que se mostró reticente a la entrada de ERC. Fomento ha contrapuesto a las declaraciones de Cuevas la oferta de "colaborar" en las políticas destinadas a "un mayor progreso de la economía y las empresas y a un mejor bienestar". Estas medidas, puntualiza, deberán considerar "el entorno de competitividad".

No llueve a gusto de todos. Esteve Canteria, al frente de la asociación de botiguers, y Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, se muestran satisfechos con la apuesta de reducir a 72 horas semanales los horarios comerciales desde las 90 actuales. Incluso desde la frontal discrepancia, la patronal de las grandes superficies ANGED da un respiro "para que se asiente" el nuevo Gobierno, con el que "espera sentarse a discutir".

Mientras, las cajas de ahorro aseguran estar tranquilas con un programa respetuoso con el modelo catalán y la independencia de estas entidades, pero cavilan qué hay detrás de un punto del pacto que plantea "reformas legales necesarias" para consolidar el modelo.

Una de las instituciones más activas, la Cámara de Comercio de Barcelona, presidida por Miquel Valls, ha subrayado su "voluntad de una estrecha cooperación y colaboración" con un nuevo Gobierno al que expresa "confianza" pero al que también pide que ayude a Cataluña a ir a un modelo de crecimiento con mayor productividad. Los empresarios consultados piden concreción. PSC, ERC e ICV plantean que la inversión del Estado en Cataluña tienda a equipararse con el peso del PIB catalán en España (18,4%), pero no se aborda qué inversión realizará la Generalitat, a la cola de la inversión en relación a otras comunidades.

"Entre los empresarios hay expectación. El programa es muy genérico y deja cuestiones en el aire que dependerán de su aplicación", comenta Eusebi Cima, presidente de la potente patronal CECOT. Cima añade que "es bonito anunciar planes de vivienda, pero ¿en qué terrenos?, ¿con qué dinero? Igual con las infraestructuras. ¿Qué papel tendrá la empresa?".

En inversión en I+D, por ejemplo, el Gobierno quiere pasar del 1% al 2% del PIB en la legislatura que empieza, en línea con las peticiones de la Cámara y lo que supone triplicar el presupuesto para ello. "Es una apuesta necesaria, pero arriesgada. Hay muchas partidas de gastos en ayudas a la familia, 42.000 viviendas protegidas, incrementar en un 30% los recursos de las universidades públicas... El drama del plan es la frustración que pueden producir medidas que descansan sobre un sistema de financiación autonómica que mientras gobierne el PP con mayoría parece difícil de obtener", apunta el responsable del Departamento de Economía de IESE, Jordi Gual.

Otros interrogantes señalados por empresarios aluden a la creación de operadores públicos o mixtos en energía o telecomunicaciones, la posible paralización de infraestructuras como el polémico túnel de Bracons o el cuarto cinturón de Barcelona y, sobre todo, la voluntad de implantar progresivamente la semana de 35 horas. "Tememos discrepancias en estas obras y sería contraproducente pararlas", advierte Josep González, presidente de la patronal de Pymes Pimec-Sefes. Sobre las 35 horas, González exclama: "El paro ha ido bajando y en Francia no ha salido bien. ¡Eso está desfasado!".