President Maragall

Pasqual Maragall, el socialista que presidió el éxito olímpico de Barcelona en 1992, es desde ayer presidente de la Generalitat de Cataluña, el tercero desde la restauración de la añeja institución del autogobierno catalán por el rey Juan Carlos en 1977, detrás de Josep Tarradellas y Jordi Pujol. Tras la larga etapa de gobierno del nacionalismo conservador, la elección de Maragall por una mayoría parlamentaria de 74 votos sobre 135, lleva al Gobierno de la autonomía catalana a una coalición de izquierdas por primera vez desde la II República. Los socialistas catalanes, que gobiernan en los grandes ayuntamientos y han participado ampliamente en el Gobierno de España, tenían esta cuenta pendiente desde la fundación de su partido.

Llegan ahora al Gobierno de su autonomía en condiciones muy difíciles, con una coalición en la que su socio ERC tiene un peso y un papel sobredimensionados, gracias a la doble llave que le permitía coaligarse también con CiU; con un programa de Gobierno trabajosamente pactado y de compleja explicación en el resto de España, y con un calendario de elecciones generales a tres meses vista, que dificultará seriamente el discurso de José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí que los primeros cien días de este Gobierno, en este caso sin periodo de gracia, sean muy importantes para demostrar en la práctica sus prioridades políticas y, especialmente, su carácter de Ejecutivo de izquierdas en contraste con el Gobierno de derechas que le ha precedido.

También deberá demostrar que no es sólo retórica su apelación al diálogo político, sobre todo en relación al capítulo más difícil de su programa, compuesto por la reforma del Estatuto y de la financiación autonómica. La retórica parlamentaria, que tiene su sentido en el ámbito donde se produce, debe sustituirse por un discurso menos expresivo y práctico, que no azuce precisamente los reflejos negativos que suscita el debate sobre la cohesión territorial de España. Nada es más desaconsejable para este nuevo Gobierno que la espiral de declaraciones reactivas en la que le ha metido la bronca recepción que le ha brindado el Gobierno de Aznar.

El debate de investidura ilustró algunas de estas consideraciones, en positivo y en negativo. Maragall obvió en su discurso inicial -aunque lo corrigiera parcialmente ayer y aunque fuese con la intención de repartirse la explicación con sus socios- la dimensión económico-social de su programa. Nada menos que 30 folios de su discurso, que reflejaban la vertiente de izquierdas de su catalanismo. Ello desequilibró el énfasis de su planteamiento en favor de las cuestiones del autogobierno; dejó en ascuas a sus seguidores "de izquierdas", no sólo catalanes, y abrió flancos a la oposición de Artur Mas (CiU) y Josep Piqué (PP). El primero sólo pretendió desbordar a Esquerra desde la óptica soberanista, insistiendo en reivindicar el sistema de concierto y la relación "bilateral" Cataluña-España, lo que ayudó a imaginar los sobresaltos, aún mayores, que habría provocado la opción por un frente nacionalista. Y sólo Piqué aprovechó los flancos abiertos, porque descendió al terreno de lo concreto y obligó al candidato a comprometerse en la discusión de cifras y proyectos: aeropuertos, privatizaciones, urbanismo, transportes, eurorregiones u orientación del crecimiento económico.

Piqué demostró que dentro del PP puede existir una vía, dialogante y cortés, pero también exigente y alternativa al centralismo a ultranza y al sectarismo de Aznar frente a quienes exhiban las más mínimas diferencias políticas. También Carod Rovira esbozó un contrapunto a sus reiterados recordatorios independentistas. Reivindicó la oportunidad de gobernar desde la izquierda y rechazó que en Cataluña se instale una situación política de "empate infinito" entre nacionalistas y no nacionalistas. "Cataluña no es el País Vasco, ni Quebec, ni Irlanda", afirmó.

La singladura que inicia ahora esta alianza será compleja. Su pacto de gobierno plantea una suerte de renovación del pacto constitucional y autonómico de 1978, como demostró ayer el presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves, al anunciar el proceso de reforma de su Estatuto y la creación de una Agencia Tributaria propia. Esto es algo que debe hacerse desde el diálogo hasta obtener el consenso, también en las Cortes y no únicamente en Cataluña. Para el principal problema de España, la crisis vasca, la consagración de una vía constitucional hacia un mayor autogobierno, el perfil no nacionalista del nuevo presidente y la transversalidad de la alianza "catalanista de izquierdas" subrayan, como mínimo, la posibilidad de una vía no frentista y que no divida a la sociedad ni margine o someta a una parte de sus ciudadanos al chantaje de los violentos.