"El 40% de la población de Irak puede poner una denuncia"

"No hay forma humana de compensar al enorme número de víctimas causadas por el régimen de Sadam Husein", declara Sandy Hodgkinson, máxima responsable de Derechos Humanos de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA). Su pequeña oficina del Centro de Convenciones se ocupa de una de las tareas clave para la reconciliación de Irak: documentar los crímenes de Sadam y ayudar a encontrar una fórmula para que, una vez reconocidos, queden atrás y los iraquíes puedan mirar hacia el futuro. Hodgkinson cifra en 300.000 los asesinados por la dictadura.

"Nuestra tarea inicial no era compensar o abrir causas criminales, simplemente escuchar y documentar", explica Hodgkinson, "pero mucha de la gente que acude a nosotros busca una reparación, aunque no sabe a quién reclamar o cuánto". Las denuncias son también múltiples. Desde las ejecuciones sumarias y las torturas hasta la confiscación de propiedades. "Según los casos que consideremos, podemos estar hablando de entre 2 y 10 millones de personas, hasta el 40% de los 26 millones de habitantes", cuantifica esta abogada británica para dar una idea de la magnitud de la tarea.

"Tendrá que haber una combinación de justicia, reconciliación y apoyo a las víctimas"

"Tendrá que haber una combinación de justicia -con el enjuiciamiento simbólico de altos responsables-, proceso de reconciliación y apoyo a las víctimas", concluye Hodgkinson. "No hay elección cuando hay tantos afectados y en tan poco tiempo". Precisamente, Amnistía Internacional ha criticado que el estatuto para el futuro Tribunal de Crímenes de Guerra (que aún no se ha hecho público) establezca límites temporales entre 1968, fecha del golpe de Estado que llevó al poder al Partido Baaz, y el 1 de mayo de 2003, cuando George W. Bush dio por concluidos los combates principales y se inició la ocupación formal de Irak.

Sólo en ese periodo, Hodgkinson estima en 300.000 los asesinados por la dictadura, tal como reveló durante un reciente cursillo para entrenar a decenas de iraquíes a encontrar y proteger fosas comunes. "El número de 300.000 lo hemos sacado de lo que nos dicen los iraquíes y lo que parece razonable; muchos grupos están de acuerdo, aunque algunas ONG extranjeras la han elevado a 500.000", explica la abogada. En esa escalofriante cifra se incluyen 180.000 kurdos exterminados durante la Operación Anfal, el gaseo de la población de esa etnia entre febrero y noviembre de 1988 y, al menos, 60.000 chiíes liquidados tras el levantamiento de 1991.

"Son las grandes matanzas, pero hay muchas más", admite Hodgkinson. En el caso de los kurdo sresulta más fácil, porque la semiautonomía que disfrutan desde el fin de la guerra del Golfo les ha permitido guardar registros e investigar. "Sabemos que no encontraremos todos los esqueletos, dado que muchos ni siquiera fueron enterrados, los aplastaban con apisonadoras y se convirtieron en polvo", dice. En el caso de los chiíes, "aún no hemos visto documentos, pero muchas veces no hay pruebas escritas, sólo órdenes verbales, si bien al final siempre se terminan encontrando testigos que llenan el vacío". "¿Y quién sabe cuántas fosas más vamos a encontrar?".

Frente a la mera compensación económica a las víctimas, la oficina de Justicia de Transición y Derechos Humanos trata de promover la idea de mecanismos de reconciliación que vayan más en la línea de la reparación moral y colectiva. Para ello, están trabajando con las ONG locales de derechos humanos y proponiéndoles servicios de orientación y ayuda, becas, pensiones parciales o programas de formación profesional para viudas, una experiencia que ya se probó con éxito en el norte del país tras la Operación Anfal.

"Si se consigue dinero, debe ir para esos servicios", defiende Hodgkinson. De momento, el ministro provisional del ramo, Abdulbasit Turki, ya habló en la reciente Conferencia de Donantes de Madrid de establecer un fondo de compensación para las víctimas con ese objetivo.