Los profesores universitarios se podrán jubilar con 60 años para que entren jóvenes

Los docentes universitarios funcionarios (catedráticos y titulares) podrán retirarse a los 60 años con la jubilación completa si llevan 30 años de ejercicio para "facilitar la renovación del profesorado". Ésta es una de las medidas que introduce el borrador de real decreto sobre profesorado universitario funcionario elaborado por el Gobierno y al que ha tenido acceso este periódico. El texto, que afecta a unos 50.000 profesores, deja abierta la posibilidad de que existan diferentes niveles de catedráticos y de profesores titulares y pone en manos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la decisión de si cada profesor tiene méritos para recibir las nuevas "retribuciones adicionales".

Este texto -de desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en diciembre 2002- será enviado al Consejo de Coordinación Universitaria. El Ministerio de Educación prevé debatirlo con los sindicatos el próximo 16 de enero. El borrador reduce, en principio, el número de horas que los profesores funcionarios deberán dedicar en el futuro a la docencia presencial, estableciendo un máximo de ocho (ahora son 12), en caso de los profesores a tiempo completo, y de cuatro, para los de tiempo parcial. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado a los sindicatos su intención de rectificar esta rebaja para dejar en 12 las horas mínimas.

Con el cambio del sistema de créditos universitarios para adaptarlos al espacio europeo común, los estudiantes ya no recibirán estos créditos por un número concreto de horas lectivas, también se les contará el tiempo que se calcule que tardan en realizar trabajos o estudiar la materia. En el caso de los profesores está aún por definir cómo les afectará este cambio en el sistema de créditos, pero presumiblemente será en el mismo sentido, es decir, reduciendo su trabajo en el aula y aumentando otro tipo de laborales.

La LOU establece que al menos el 51% de los profesores universitarios debe ser funcionario. Éstos son los principales aspectos que afectan a los 50.000 profesores funcionarios que hay en las 50 universidades públicas españolas y la postura de los sindicatos mayoritarios -CC OO tiene el 40% de la representación, seguido de UGT, cerca del 30%- sobre estos cambios:

- Jubilación. Los sindicatos mayoritarios ven con buenos ojos que se abra la posibilidad de jubilarse a los 60 años para apostar por la incorporación de personas jóvenes siempre que paralelamente se promueva otra opción: la reducción de la carga laboral a los 60 años. De esta forma, pasarían a ser profesionales a tiempo parcial y, a cambio, se incorporarían a la Universidad profesores jóvenes para cubrir la parte de la jornada que los mayores dejan de impartir.

- Cuerpos. Mantiene cuatro: catedráticos de universidad, titulares de universidad, catedráticos de escuela universitaria y titulares de escuela universitaria. Sin embargo, ya la propia LOU abre la posibilidad de establecer diferentes niveles dentro de estos cuerpos. El objetivo del Gobierno con esta medida es establecer "una carrera universitaria". Los principales sindicatos están en contra de esta medida y consideran además que estos cuerpos deberían reducirse a dos (catedrático y titular), sobre todo porque, de cara a la convergencia europea, desaparecerán las diplomaturas y presumiblemente, con ellas, las escuelas universitarias.

- Incompatibilidad con la vida privada. Abre la posibilidad de que los profesores funcionarios den clase en centros privados adscritos a universidades públicas. Los sindicatos están en contra de esta medida. Argumentan que es "una financiación encubierta de los centros privados", básicamente por dos razones: contratan a los profesores funcionarios por unas pocas horas, por lo que los costes de su seguridad social corren a cargo de las universidades públicas y se beneficia de la formación y la investigación realizada por esos docentes, financiada por los centros públicos.

Los sindicatos piden además que para evitar que los profesores a tiempo parcial incurran en esta incompatibilidad se potencie el establecimiento de jornadas de tiempo completo.

- Contratos con empresas. Establece que los "grupos de investigación" reconocidos por la Universidad podrán "celebrar contratos con personas, universidades en entidades públicas o privadas" para actividades de investigación y de docencia.

- Jornada laboral. El decreto fija una jornada máxima de 37 horas y media semanales para los profesores a tiempo completo, y de 15, para los que están a tiempo parcial (ésta es la norma general para todos los funcionarios). Los sindicatos, aparte de pedir su reducción a 35 horas, quieren que su negociación anual y semanal sea en cada universidad.