Interior reconoce que es "un disparate" la retirada discrecional del carné de conducir

El Ministerio del Interior admitió ayer que sería "un disparate" dejar al arbitrio de los agentes de tráfico la posibilidad de retirar el carné de conducir en el acto, en el caso de que apreciaran que un automovilista implicado en un accidente o infracción ha perdido "las condiciones necesarias para conducir" por motivos físicos, mentales o de impericia. Por eso, el PP en el Senado está intentando pactar con otros grupos una enmienda "por error material" para corregir un desaguisado que se achaca a "un fallo mecanográfico". Pero ayer la Dirección General de Tráfico ignoraba cuál iba a ser el alcance de la medida, si se iba a quedar como está ahora o si se iba a corregir, y pedía confiar en los agentes de tráfico.

El problema surgió el jueves por la noche en el Senado, cuando el PP introdujo en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004, convertida en cajón de sastre para cambiar todo tipo de leyes, una enmienda que suponía introducir un nuevo artículo 71 bis en la Ley de Tráfico. "Cuando el agente de la autoridad", decía el texto, "compruebe que el conductor infractor o implicado en un accidente presente, además, síntomas evidentes de que ha perdido las condiciones necesarias para conducir, intervendrá de manera inmediata el permiso o la licencia de conducción".

Dicho así, dejaba al arbitrio del guardia civil o el policía de tráfico -cuya palabra, como representante de la autoridad, tiene "presunción de veracidad salvo prueba en contrario"- tanto la apreciación de si un conductor padece una disminución de sus cualidades físicas, mentales o de pericia en el manejo como la decisión de retirar el carné, aunque fuera cautelarmente. "Esa norma crea inseguridad jurídica, es una barbaridad que da unas facultades a los agentes de tráfico casi omnímodas", clamaron ayer las asociaciones de conductores.

La intención original, según reconocieron ayer el director general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso, y fuentes de Interior era otra. Según figura en el texto sobre las nuevas normas de seguridad vial, que el ministro Ángel Acebes presentó ayer en el Consejo de Ministros y el pasado jueves ante el pleno del Consejo Superior de Tráfico, la retirada cautelar sólo podía hacerse cuando el conductor infractor o accidentado presentara "síntomas evidentes de que ha perdido las condiciones físicas para conducir".

Así se presentó a los responsables autonómicos del ramo sin que ninguno apreciara disparate alguno ni se quejase. Como explicó Muñoz-Repiso, se refería a aquellas personas que, por ejemplo, se han roto un brazo y conducen escayolados; a los operados de cataratas que conducen con la pérdida de visión posoperatoria o a los minusválidos que no llevan el coche adaptado.

El "error", según Interior, se produjo en el trasteo mecanográfico en el Senado del texto de la enmienda que el ministerio envió al grupo popular. Allí se introdujo la palabra "necesarias", que debía ir después de "físicas", para que quedara claro que se refería que un conductor había dejado de reunir, de manera evidente, las condiciones de visión u otras que debe acreditar en el certificado médico obligatorio para sacarse el carné de conducir. Pero al entrar "necesarias" desapareció "físicas", según Interior, y se produjo la bronca.

La confusión fue tal que el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, avaló el error en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y el propio Muñoz-Repiso pidió que se esperase a la publicación en el Boletín Oficial del Estado "para ver si se queda como está o no", al tiempo que pedía "confianza" en los agentes de Tráfico, "que aunque no son ni médicos ni psicólogos, ni examinadores de autoescuela sí tienen la preparación para ver algo evidente". Y agregaba: "Yo ahora no sé cómo va a ser la redacción final, pero si se queda como está la norma, sí incluye que puedan retirar el carné si aprecia torpeza en la conducción".

El revuelo provocado, que llevó a la oposición a sospechar que se trataba de "un globo sonda", llevó al grupo del PP en el Senado a decidir negociar con el resto de grupos la introducción de "una enmienda por error material" para que antes de salir de la Cámara alta quede claro que sólo se refiere a la merma de las capacidades físicas. Si no lo logra, el Gobierno asegura que intentaría eliminarla en el Congreso para reintroducirla, según el espíritu original, a través de otra norma. Si todo falla, el 1 de enero podría entrar en vigor tal como está y se darían instrucciones a los agentes sobre cómo aplicarla, según Interior.