Seis casos pendientes en Buenos Aires
Si se puede hablar de modas en el arbitraje internacional, la última tendencia es el arbitraje de inversiones, que tiene casi siempre como resultado el enfrentamiento de una empresa con un Estado. Argentina es un buen ejemplo. La decisión del Gobierno de congelar las tarifas de varios servicios públicos a principios de 2002 disgustó a muchas empresas extranjeras que, en lugar de recurrir a un tribunal ordinario, decidieron someter el conflicto al órgano especializado del Banco Mundial (CIADI en sus siglas en español). Al menos seis empresas españolas han decidido dar este paso este año.
Desde que, el 29 de mayo pasado, Gas Natural registrara su demanda contra Argentina en este foro, se han sucedido las de Aguas de Barcelona y distintos socios (tres casos distintos); Telefónica y Enersis (filial de Endesa). Todos ellos están en la lista de casos pendientes del CIADI, según su página web (www.worldbank.org/icsid/index.html), lo que no impide negociaciones paralelas. En Gas Natural, de hecho, confirman que éstas empezaron con el Gobierno argentino anterior y han continuado con el de Néstor Kirchner, si bien el arbitraje sigue su curso: el tribunal se constituyó el 10 de noviembre.
El paso dado por estas empresas es posible gracias al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Argentina, que entró en vigor en 1992. El ex presidente de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), abogado y árbitro internacional Juan Fernández-Armesto, explica que muchos Estados en vías de desarrollo admiten la inclusión de cláusulas arbitrales en sus tratados bilaterales "para atraer inversiones".
España tiene acuerdos similares con otros 46 países como Argelia, Venezuela, Rusia o Suráfrica. En la única ocasión que el CIADI ha resuelto sobre un caso español fue en contra de España: un tribunal compuesto por dos árbitros estadounidenses y uno chileno le obligó a pagar algo más de 57,6 millones de las antiguas pesetas al argentino Emilio Agustín Maffezini en el año 2000. El caso tardó en resolverse tres años.
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