El Gobierno quiere arrebatar a Cataluña la capacidad de vetar el trasvase del Ebro

El Gobierno ha introducido una enmienda en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que arrebata la facultad de vetar el trasvase del Ebro a un consorcio, en la actualidad presidido por CiU. Para ello, ha empleado el pretexto de adaptar la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) a una directiva europea. La prerrogativa anulada fue una concesión al grupo catalán a cambio de que apoyara la ley del trasvase, en julio de 2001. CiU considera el hecho "una traición" y "un fraude", por lo que se considera desvinculada de cualquier compromiso con el PP respecto al PHN.

La enmienda utilizada no figuraba entre las que el Ministerio de Medio Ambiente sometió a aprobación del Consejo Nacional del Agua sobre la transposición de la directiva europea, antes de las elecciones autonómicas catalanas. Fue presentada después.

La enmienda introduce una nueva disposición adicional a la ley del PHN, que deroga el apartado a) de la disposición adicional décima, según la cual el Consorcio de Protección Integral del Delta del Ebro, que preside Francesc Sancho, de CiU, podía definir el caudal mínimo o ecológico del río aguas abajo de la toma del trasvase.

Con esta facultad y el voto de calidad del presidente del Consorcio, CiU ha mantenido un veto de hecho al trasvase, al situar el caudal mínimo en 135 metros cúbicos por segundo. De acuerdo con este criterio, el Ebro no tiene aguas excedentarias, con lo que se hace inviable el trasvase anual de 1.015 hectómetros cúbicos entre los meses de octubre y mayo.

"El régimen hídrico del río Ebro se determinará", reza la enmienda, "de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Aguas y en su normativa de desarrollo para todas las cuencas intercomunitarias de España".

El Gobierno justifica el cambio en la necesidad de adaptarse a la legislación europea que crea una nueva figura jurídica, la Demarcación Hidrográfica, como unidad de gestión del agua. Esta normativa considera competencia del Estado "la gestión de aguas pertenecientes a las cuencas intercomunitarias". En la ley del trasvase o ley del PHN, se daba un año de plazo para la aprobación de un Plan Integral del Delta del Ebro en el que el Ministerio de Medio Ambiente proyectaba invertir más de 450 millones de euros. Se trataba de mitigar el deterioro del delta y frenar la cuña de agua salina. La aprobación del plan, que comprende 2.250 folios en nueve volúmenes, corresponde al Consejo de Ministros, pero su debate en el Consorcio fue bloqueado por CiU en julio pasado.

El Gobierno catalán anunció ayer que si el PP aprueba la enmienda abandonará el Consorcio. El consejero de Medio ambiente, Ramón Espadaler, aseguró que CiU no piensa avalar con su presencia una actitud que sólo busca "legitimar un trasvase insostenible".

El consejero expresó su confianza en que las instituciones europeas frenen una maniobra nacida de la "deslealtad" del PP, que modifica una ley previamente pactada con otra fuerza y "liquida" el Consorcio de Protección del Delta. El portavoz del Grupo Catalán en el Congreso, Xavier Trias calificó de "gravísimo" lo sucedido. Le parece "una vergüenza. Se siente engañado. El PP se da cuenta ahora, dijo, de que no puede hacer lo que quería, y con su mayoría absoluta rompe los acuerdos. Trias añadió que si no se retira la enmienda, el plan hidrológico será el plan del PP. "Nos sentiremos desvinculados y votaremos contra los Presupuestos de 2004".

Para los detractores del Consorcio, el anuncio no generó sorpresas, informa desde Tarragona Lali Cambra. El portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro, Manolo Tomás, lo consideró "una ficción creada por CiU y PP, puesto que quien tiene potestad para decidir es la Junta de Trasvases". Aún así, la actitud del Ejecutivo central "denota una deslealtad muy grande con el Gobierno catalán y una pérdida de soberanía del mismo".

La transposición de la directiva de aguas y la anulación del objetivo más importante del Consorcio (fijar el caudal mínimo), "impide la participación ciudadana en el debate y supone una invasión de las competencias de la Generalitat como institución responsable del medio ambiente", agregó Tomás, quien cree que el PP envía un mensaje al futuro gobierno catalán, sea del color que sea. "Seguirá adelante con el trasvase y buscará conflictos y enfrentamiento de cara a las elecciones generales". Desde el PSOE la maniobra del PP se califica de "aberración jurídica y de intento de engaño a la Unión Europea", según la secretaria federal de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Por la misma razón, añade, el Gobierno "podría haber eliminado otros planes integrales que figuran en la ley del trasvase como los del alto Tajo y Alto Guadiana, ninguno de los cuales se ha aprobado".

El Gobierno de Aragón ya ha encargado la presentación de una queja ante la UE. También plantea recurrir la enmienda ante el Tribunal Constitucional, ya que en su jurisprudencia se reconocen límites al uso de la ley de acompañamiento, según un comunicado del Ejecutivo aragonés. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, del PAR, tildó de "improcedente, deleznable y legalmente cuestionable" el método utilizado para modificar la ley del trasvase.

Trasvase del Júcar

Por otro lado, el comisario de Política Regional de la Comisión Europea avaló ayer la financiación con 80,12 millones euros de un trasvase dentro de la Comunidad Valenciana, el Júcar-Vinalopó, que discurrirá en paralelo al trasvase Tajo-Segura. El consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, señaló que el de ayer fue "un gran día para los valencianos, y en especial para los agricultores".

García Antón no sólo se felicitaba por el apoyo financiero de la UE a un proyecto que acordaron Eduardo Zaplana y la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. La sociedad encargada de ejecutar y gestionar el trasvase del Ebro convocó el concurso para construir dos nuevos tramos del trasvase, en Fon de la Figuera y Ulladecona.