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LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO

Atutxa mantiene en el Tribunal Superior vasco que no puede disolver Batasuna

Cientos de cargos y militantes nacionalistas arropan a los miembros de la Mesa del Parlamento

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV); su vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU), declararon ayer durante casi 12 horas ante la juez del Tribunal Superior vasco Nekane Bolado, instructora de la causa de desobediencia en la que están imputados los tres por negarse a disolver el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna. Todos ellos volvieron a sostener en sus declaraciones que carecen de atribuciones para disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak.

Atutxa: "Si se hace justicia, se procederá al archivo de esta causa, que nunca debió abrirse"

Al término de las tres declaraciones, cerca de las diez de la noche, Atutxa mostró en nombre de los tres su "perplejidad" y "asombro, que se han incrementado" por la causa contra ellos, abierta por sendas querellas de la Fiscalía y el colectivo Manos Limpias. Criticó la "escasísima consistencia" de las preguntas que se les hicieron y, en particular, "el desconocimiento" de la letrada de Manos Limpias, Antonia Mateo.

El presidente del Parlamento reiteró la "voluntad plena" de los tres imputados de seguir colabornado con la justicia y agregó: "Si se hace justicia, se procederá al archivo de esta causa, que nunca debió ser abierta".

Unas 500 personas, entre ellos cargos públicos y dirigentes del PNV, saludaron su salida con gritos de "independencia" y el canto, por tercera vez en la jornada, del Eusko Gudariak (Himno del soldado vasco), que Atutxa acompañó. Desde antes de las diez de la mañana, cuando Atutxa estaba citado, varios cientos de militantes y dirigentes nacionalistas, fundamentalmente del PNV, y algún representante de EA y de IU, les habían estado arropando.

Los tres imputados repitieron a las preguntas de la juez Bolado; la fiscal jefe del Superior, Mariangeles Montes, y la abogada de Manos Limpias que carecen de competencias reglamentarias y legales para disolver un grupo del Parlamento vasco."Mostramos nuestra perplejidad tras constatar de nuevo que no había ninguna razón para llegar a este punto", señaló a este periódico Gorka Knörr. "Se ha acreditado que no hay voluntad de desobediencia ni de desacato", agregó.Knörr se declaró sorprendido por las preguntas y planteamientos de fiscalía y acusación, que calificó de "muy débiles" y tachó de "verdadero papelón" el de la fiscal para casar su actuación con un informe del fiscal general, Jesús Cardenal, que estableció la separación entre partido político y grupo parlamentario.

Este argumento fue usado también en su declaración por Atutxa, quien dijo: "Esto [la diferencia entre partido y grupo parlamentario] no es una invención mía, así esta recogido en ese informe del Fiscal General del Estado". Por la noche, Atutxa destacó el "complicado" papel que tuvo que jugar la fiscal en las declaraciones.

Los tres imputados, aleccionados por su defensor, miembro de los servicios jurídicos del Parlamento, se remitieron múltiples veces a la "documentación aportada" la víspera en la causa para soslayar las preguntas más comprometidas.

La fiscal se centró en los aspectos más reglamentarios de las decisiones de la Mesa y de la Junta de Portavoces y en la suficiencia o no del artículo 20.3 del reglamento de la Cámara para disolver el grupo, tal y como ordenaba el Tribunal Supremo. Dicho artículo establece que un parlamentario vasco que deja su grupo pasa al mixto.

Atutxa explicó su convicción de que lo mejor hubiera sido modiciar el reglamento. Optó por la vía de la resolución de la Presidencia para reformar el reglamento, luego frenada por su mismo partido y por EA en la Junta de Portavoces. Un sistema, recordó, que fue usado con anterioridad en el Parlamento navarro, sin que nadie lo impugnase. Tanto Atutxa como Knörr señalaron que fue el vicepresidente segundo y representante del PSE en la Mesa, Manuel Huertas, quien la propuso, al entender, como PNV, EA e IU, que había un vacío reglamentario.

La abogada de Manos Limpias preguntó a los imputados si acatan la Constitución, si se someten al Estado de Derecho y si creen en los principios de jerarquía y seguridad jurídica (esta última no fue admitida por la instructora), entre otras cuestiones, sin descender a los detalles de las decisiones tomadas ni de los razonamientos jurídicos en los que los han basado.

El Gobierno, el PSOE, el Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales se pronunciaron también sobre las comparecencias. Para el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, "el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes y las decisiones de los jueces están para que las cumplamos todos los ciudadanos", y agregó que no le sorprendían nada las manifestaciones Arzalluz, "porque nos tiene acostumbrados a proferir todo tipo de barbaridades".

Desde el PSOE, el responsable de estrategia electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró un "espectáculo poco edificante" la comparecencia de Atutxa. "Al PSOE no le gusta nada ver al presidente del Parlamento vasco declarando ante los tribunales", aseguró Rubalcaba, quien indicó que "nos gustaría que esto no se hubiera producido", y recordó que "todos los españoles somos iguales ante la ley, y a los responsables políticos nos toca también acatar las sentencias y cumplirlas".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su portavoz, Enrique López, instó a los poderes públicos a respetar el ejercicio de los jueces. "Desde el CGPJ pedimos confianza en la independencia de los tribunales y respeto para todos los miembros de los tribunales, no sólo para aquellos que dictan resoluciones que puedan gustar más o menos", dijo López, que pidió "a los poderes públicos un mayor ejercicio de respeto y de confianza". Desde las asociaciones de jueces y fiscales lamentaron la "presión" que intentaron ejercer los políticos que apoyaron a los declarantes.

[La Diputación de Guipúzcoa anunció ayer que se personará en el recurso que la Diputación de Álava ha interpuesto contra el plan Ibarretxe. La Diputación de Vizcaya, gobernada también por PNV-EA, hará lo mismo en su Consejo de Gobierno del día 9.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de diciembre de 2003